La JEP imputa por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano por «falsos positivos»

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano por los llamados «falsos positivos», las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes.

El imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz es el general retirado Mario Montoya, que ha sido acusado junto a otros ocho militares de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes en el noroccidente de Colombia.

La JEP, el tribunal ad hoc creado por el acuerdo de paz con las FARC, ha imputado a Montoya por «asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado» entre 2002 y 2003 en el departamento de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Le acusa asimismo de «mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados», ha explicado la magistrada de reconocimiento de verdad de la JEP, Catalina Díaz.

Junto a Montoya, por los mismos crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP también ha imputado a los tenientes coroneles Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES) y retirados del Ejército.

Montoya y los dos excomandantes del BAJES son acusados «por su posición de liderazgo», por la presión que cada uno de ellos ejerció para que se produjeran las bajas en combate, «una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate».

«Según el auto de la Sala, esos oficiales, mediante la articulación de órdenes genéricas y, en algunos casos, implícitas, y de medidas de diversa naturaleza, instigaron o indujeron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración» ha considerado la sala de imputaciones.

A Montoya la JEP –que ofrece penas alternativas a prisión por reconocimiento de verdad– le ha pedido que reconozca su responsabilidad «a título de autor» de haber mentido sobre los números de supuestas bajas de las extintas FARC y su encubrimiento de estos crímenes de guerra, así como por esta presión que ejerció sobre sus inferiores.

Montoya es el militar de mayor rango que ha rendido versión ante este tribunal por los «falsos positivos», uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y matarlos con el objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores.

Hasta el momento, la JEP considera que en el país se produjeron 6.402 muertes o desapariciones forzosas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), del que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.

62 imputaciones

Con estas nuevas nueve, la JEP ha imputado hasta el momento a 62 personas por «falsos positivos» en el Caso 03, de las cuales 55 (el 89%) han reconocido su responsabilidad.

De estos nuevos 130 crímenes imputados (entre los que hay 4 niñas, 11 niños y 3 personas en condición de discapacidad) a los nueve exmilitares, 53 corresponden a 2002 y 77, a 2003.

La JEP destaca tres modalidades en los modus operandi en estos crímenes: a algunas víctimas las sacaron de sus casas, trabajos o de transportes y luego los señalaron de ser guerrilleros; a otras personas en condiciones de vulnerabilidad las engañaron con promesas de trabajo para luego matarlas, y por último también hubo ejecuciones y desapariciones de posibles guerrilleros pero que murieron de combate, lo que atenta contra el DIH.

Esta determinación se da dentro del subcaso en el departamento Antioquia (noroeste), una de las seis zonas priorizadas en el Caso 03, el de los llamados «falsos positivos», ha explicado la magistrada, que añade que se sigue investigando otros casos donde también podría tener responsabilidad.

Ahora los imputados tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos, tras lo cual la JEP fijará una audiencia pública (si los reconocen) y se adoptará una resolución para que el Tribunal para la Paz imponga una sanción propia, si es el caso, que podría excluirles de ir a prisión.

Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.

Atentado

Por otro lado, Marino Molina Cruz, exnegociador con las FARC en La Habana e integrante de la Dirección Nacional del Partido Comunes, ha salido ileso de un atentado perpetrado en Bogotá por hombres fuertemente armados que le han atacado en su vivienda.

Según un comunicado del partido Comunes, Molina, que también es integrante de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, sufrió el «grave atentado» en la localidad de Puente Aranda, hecho en el cual resultaron heridos dos de sus escoltas identificados como Flor Lozano y Uberley Mendoza.

«Los hechos fueron protagonizados por hombres fuertemente armados que realizaron el ataque en su lugar de residencia ubicado en el barrio San Rafael en la localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá», detalla la información del partido Comunes.

Recuerda que Molina formó parte de la mesa de negociaciones en La Habana que finalizó con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla, en 2016.

Ante esta situación, «que se suma al aumento de amenazas y hechos victimizantes contra la población firmante del acuerdo de paz», Comunes exige al Gobierno colombiano «que se tomen las acciones necesarias con el fin de avanzar en la prevención y superación de la estigmatización y la violencia contra la población firmante» de la paz.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hasta el 8 del presente mes de agosto 24 exguerrilleros que firmaron la paz han sido asesinados en el país.

Igualmente, Indepaz recuerda que desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz, han matado a 380 firmantes.