Las discotecas de Murcia tenían orden de cierre hace 19 meses pero no se ejecutó
La tragedia provocada por el incendio de discotecas en Murcia (trece personas fallecidas) deja una potente resaca política añadida, puesto que cargos municipales de PP y PSOE admiten que tenían orden de cierre desde 2022. Pese a ello seguían abiertas.
Las discotecas Teatre y Fonda Milagros incendiadas en la madrugada de este domingo en Murcia, en las que murieron, al menos, trece personas, no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.
El concejal del PSOE Andrés Guerrero, que ocupó la concejalía de urbanismo la pasada legislatura, y el actual teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, del PP, han informado de este extremo en una rueda de prensa conjunta, en la que han detallado que, administrativamente, ambas discotecas eran un solo local, Teatre S.L.
De hecho, como informó ayer EFE con fuentes de la Policía española, la sala Fonda Milagros en la que se originó el fuego abrió en su día en una división de espacio de la discoteca Teatre, aunque operaban con nombres comerciales distintos y tenían, también, accesos al público independientes.
Según el concejal Antonio Navarro, a nivel administrativo, Teatre S.L. dispuso de licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad el 18 de diciembre de 2008 para «discoteca con cocina».
«Única responsable, la empresa», dice el PP
Ha añadido que, en junio de 2019, esta sociedad presentó una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros; que el 10 enero de 2022 se dictó una orden de cese de actividad por entender que la modificación del local requería de una nueva licencia, y que el 8 de marzo del mismo año se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación «no ha concluido a fecha de hoy».
«Estos locales han funcionado sin autorización desde la orden de cese», ha asegurado el concejal del PP.
Su antecesor, por su parte, ha informado de que en enero de 2022 se decretó el cese porque la documentación presentada no se había correspondido con la actividad, tras lo que se pidió a la inspección que actuara en el procedimiento y se inició el procedimiento para llevar a cabo el cierre de ambos locales.
A juicio de Andrés Guerrero, «hay un hecho fundamental» y es que «el único responsable es la empresa, que a pesar de las comunicaciones efectuadas para cerrar los locales hizo caso omiso».