La contratación de Labayen, legal y ética para Bildarratz, opaca y clientelar para la oposición

Bildarratz ha defendido la contratación del abogado Joanes Labayen para elaborar un informe sobre el conflicto abierto con las empresas de transporte escolar pese a que este figura como consejero en una firma adjudicataria de quince rutas. La oposición ha denunciado opacidad y «clientelismo».

El consejero de Educación de Lakua, Jokin Bildarratz, ha vuelto a defender este jueves la contratación del abogado Joanes Labayen, que realizó a petición a Lakua un informe sobre la posibilidad de prorrogar los servicios de transporte escolar que habían quedado desiertos en Bizkaia y Araba. Un encargo que ejecutó a cambio de 5.400 euros más IVA pese a ser consejero de la compañía de autobuses Urpa, adjudicataria de quince rutas escolares en Gipuzkoa por valor de 4 millones de euros.

En su intervención ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz, Bildarratz ha insistido en que, a su juicio, no se da un conflicto de intereses, y ha incidido en que «no existe ningún ápice de duda» sobre la legalidad de contratar como asesor a Labayen, pareja de la presidenta de la Cámara autonómica, la jeltzale Bakartxo Tejeria.

Sobre las cuestiones «éticas», ha apuntado que, en el caso de la abogacía, el código deontológico de la abogacía establece que un letrado no podrá «defender o asesorar a un cliente cuando los intereses de este pueden confrontarse con los de un cliente anterior o actual»: «Trasladando lo expuesto al caso que nos ocupa, Cuatrecasas no podría asesorar al Gobierno Vasco si el asesoramiento que nos fuera a prestar pudiera perjudicar a Urpa».  

Así, el único atisbo de autocrítica esgrimido por Bildarratz se ha limitado a las formas empleadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. «Acepto que quizás no hemos acertado en explicar la contratación del despacho Cuatrecasas y que eso haya podido producir confusión», ha manifestado antes de dar paso a la intervención de los grupos de la oposición.

Un «modus operandi»

El primero en intervenir ha sido Ikoitz Arrese, de EH Bildu, que ha incidido en que «las cosas no se han hecho bien». «Las formas de actuar no son escrupulosamente correctas», ha añadido antes de denunciar que «a este Gobierno le faltan mecanismos de control y de transparencia», haciendo hincapié en que la Ley de Transparencia lleva diez años «parada».

El parlamentario soberanista ha destacado que la «cuestión no es únicamente si este tipo de prácticas son legales o no, la cuestión es si son éticas y se ha procedido de la mejor manera que se podía. Y claramente a EH Bildu le parece que no».

«Esto significa que este Gobierno tiene un problema encima de la mesa, y que hay un patrón que se alarga durante años. Hay un modus operandi que se traslada a la actuación del Gobierno y a los diferentes departamentos», ha señalado, censurando que «este Gobierno da a posteriori las explicaciones que debería dar a priori. Las dan cuando estallan los problemas. Tarde».

En el mismo sentido se ha pronunciado Isabel González, de Elkarrekin Podemos-IU, que ha criticado «esta manera de proceder», con un «aluvión de datos a última hora e informes que se prometen y nunca llegan». Ha señalado que se trata de un caso que responde a tres adjetivos: «Oscuro, irregular, no estético». Por ello, ha defendido la puesta en marcha de una comisión de investigación. «Si el Gobierno cree que lo ha hecho bien no tiene que tener miedo a que se celebre».

Además, ha preguntado por qué no se recurrió a letrados propios de Lakua para realizar el informe. «Y, por otro lado, ¿pidieron servicio jurídico a Cuatrecasas o a una persona del gabinete?», ha preguntado en alusión a la figura de Labayen.

En este sentido, Carmelo Barrio (PP) ha sacado a colación la vinculación «directa» del abogado con el PNV. «Vemos que se quiere favorecer a miembros del PNV por parte del Gobierno», ha manifestado, y ha expresado dudas sobre la legalidad de contratar al letrado.

«¿Puede un miembro del Consejo de Administración de una empresa de transporte escolar asesorar sobre el cumplimiento de una orden de ejecución forzosa que puede acabar en una denuncia penal contra compañías que compiten ellas en el mercado? ¿Eso está bien?», ha preguntado.

Desde el grupo mixto, José Manuel Gil (Ciudadanos) y Amaia Martínez (Vox) también han hablado de «amiguismo» y «redes clientelares». Cabe señalar que hasta María Jesís San José, del PSE –formación que comparte Gobierno con el PNV– ha reconocido que la información es «preocupante».