Azpeitia recurrirá el fallo sobre Corrugados y remarca que no cabe reiniciar su actividad
Una sentencia reciente ha dado la razón al recurso de Corrugados sobre la caducidad de la licencia determinada por el Consistorio en 2021. Pero ello no prejuzga que la actividad se pueda reanudar, aclara el Ayuntamiento. De momento, además, hay recurso y la alcaldesa ha declarado que «hay motivos».
El conflicto de la antigua fábrica siderúrgica de Corrugados en Azpeitia vuelve a escena con una sentencia judicial que ha dado pie a algunos medios a insinuar que la actividad puede reanudarse en el mismo lugar, ahora de la mano del grupo industrial Cristian Lay. En concreto, la Audiencia de Donostia ha dado la razón a CL en la cuestión de la caducidad de la licencia de actividad, dictada por el Ayuntamiento dirigido por EH Bildu en 2021.
El fallo anula esa decisión sobre la licencia, pero desde el Consistorio se apunta a que no cabe reanudar la producción (con efectos contaminantes y notables afecciones en su ubicación actual). En primer lugar, esta sentencia va a ser recurrida en los próximos días, según anuncia el Ayuntamiento en una nota emitida este jueves. Y además, «esta resolución provisional no permite reiniciar la actividad» en esa zona, denominada AMUE, subraya.
La sentencia del Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia, a la que ha tenido acceso NAIZ, establece efectivamente una clara diferenciación entre la cuestión de la caducidad de la licencia y el del reinicio de actividad.
Subraya expresamente que «las presentes actuaciones debe centrarse debidamente cuál es el objeto de la litis, en tanto en cuanto, singularmente por la entidad local, parecen mezclarse o podría parecer que se abordan de manera unitaria dos cuestiones que necesariamente deben tener una tratamiento diferenciado: a) la caducidad de la licencia de la actividad; b) el pronunciamiento sobre la solicitud de reanudación de actividad que fue presentada por la actora formalmente el 17.3.2021».
La decisión judicial recae exclusivamente sobre la primera, y da la razón a la empresa demandante, «anulando y dejando sin efecto el decreto de alcaldía de 15 de setiembre de 2021 por el que se declaró la caducidad de las licencias de actividad referidas a la instalación de fabricación de acero al horno eléctrico», una licencia que había sido otorgada en 1996, según recuerda.
La cuestión de la reanudación o no de actividad no es valorada en ese fallo judicial que tiene 17 páginas.
Antecedentes
El intento de reabrir Corrugados en AMUE fue objeto de polémica en 2021. Se tradujo en una campaña de presiones sobre el Ayuntamiento de Azpeitia desde instituciones dirigidas por el PNV y la empresa CL. El Ayuntamiento dio cuenta de su disposición a trabajar para poner en marcha Corrugados, siempre que fuera en el área de Trukutxo, ya que considera que la única solución «real y factible» es trasladar los hornos fuera del centro urbano, como defiende el Plan General aprobado por unanimidad por EH Bildu y PNV en 2013.
El Consistorio aclara además en su nota que el decreto ahora anulado provisionalmente «no ha condicionado nunca las intenciones de la empresa: se firmó en septiembre de 2021 y la empresa Cristian Ley afirmó ya en mayo que no seguiría adelante con sus planes».
«Hay motivos para recurrir»
En una comparecencia este jueves por la tarde, la alcaldesa, Nagore Alkorta, ha querido incidir en que la sentencia no hace referencia a la posibilidad de reanudar la actividad de Corrugados, leyendo una parte que recoge el fallo: «Deben tener un tratamiento diferenciado: a) la caducidad de la licencia de la actividad; b) el pronunciamiento sobre la solicitud de reanudación de actividad». Es decir, Alkorta ha recalcado que la sentencia no entra a analizar las autorizaciones para reiniciar la actividad.
Asimismo, ha recordado que el decreto lo firmó el 15 de septiembre de 2021 y «basta con recurrir a las hemerotecas para ver que la empresa Cristian Lay declaró en mayo que no iba a continuar con sus planes».
También ha explicado por qué firmó dicho decreto. «Esa autorización se concedió en su día a una actividad y para cuando se dictó el decreto, esa actividad no estaba en marcha», ha recordado. Alkorta ha puesto varios ejemplos, entre ellos que la empresa llevaba ocho años cerrada, se había dado de baja en el impuesto de actividad económica, «el Gobierno Vasco le retiró la licencia de agua...». Junto a ello, ha añadido, «había otra razón de peso: el PGOU de 2013, aprobado por el Ayuntamiento de Azpeitia con los votos de EH Bildu y PNV, que considera esa zona residencial».
Además de esas razones, ha subrayado que «la empresa ha solicitado autorización de desmantelamiento o demolición y presentará un proyecto para llevarlo a cabo. Por ello, creemos que hay motivos para recurrir».
La alcaldesa ha añadido que el Ayuntamiento sigue trabajando por impulsar la actividad económica e industrial en la localidad. Ha mencionado que este martes se aprobó la modificación del Plan Parcial del PL22 ‘Larrin’ del Plan General de Ordenación Urbanística y que el Ayuntamiento realizará el desarrollo de esta zona en colaboración con SPRILur. En cuanto a la zona de AMUE, ha defendido que «es estratégica para Azpeitia y la desarrollaremos en función de los intereses de los azpeitiarras».