El Observatorio Ibérico de la Minería documenta dos minas «ilegales» en Nafarroa
De las más de cien minas «ilegales» que el Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado en el Estado español, dos se encuentran en Nafarroa. Concretamente, las canteras de Oskia y del Puerto de Lizarraga estarían incumpliendo los derechos medioambientales, según esta iniciativa ciudadana.
El Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado la existencia de más de cien minas en el Estado español que vulneran los derechos sociales y/o ambientales, de las cuales dos se encuentran en Nafarroa. Una cifra que, según el organismo, representa solo la punta del iceberg, pues tienen pendiente de examinar 400 explotaciones.
Concretamente, las minas que, según el Observatorio, vulneran los derechos medioambientales en Nafarroa son la cantera de Oskia y la del Puerto de Lizarraga. La primera, indican, se explotó entre 1987 y 2004, sin evaluación de impacto ambiental y excediendo el ámbito autorizado, siendo paralizada por el concejo de Atondo, en el municipio de Itza. En 2010 se aprobó un plan de restauración que permite la explotación encubierta. El Observatorio ha denunciado que la cantera continúa operativa a pesar de haber transcurrido el tiempo previsto para la restauración en el plan aprobado por la Administración en 2004.
Entre los problemas enumerados por el Observatorio se destaca que esta explotación produce contaminación atmosférica por emisiones de polvo, así como de ruido, afectando sobre todo al pueblo de Atondo. La cantera también genera un intenso tráfico en las localidades de Errotz, Izurdiaga e Irurtzun, de más de 200 camiones diarios.
Además, la cantera afecta a la zona del plan de recuperación del quebrantahuesos y las laderas del norte de Oskia constituyen un hábitat de interés comunitario, provocando un gran impacto paisajístico.
La explotación fue clausurada por la Policía Foral en 2008, tras incumplir la empresa el requerimiento de desahucio de los terrenos comunales de Atondo, que establecía una sentencia firme de 2005, tras finalizar en 2002 el contrato de explotación de 25 años. «Desde hacía años la empresa había explotado zonas más allá de los perímetros autorizados», explican.
En este sentido, añaden que la explotación se encuentra en terrenos comunales de los concejos de Atondo y Errotz, que habían firmado un contrato que finalizaba en 2002. A pesar de ello, la empresa se negó a desocupar los terrenos al finalizar el contrato.
Años después, el Gobierno de Nafarroa acabó por expropiar a los concejos los terrenos comunales para permitir la continuidad de la explotación. Tanto el Concejo de Atondo como el Ayuntamiento de Itza iniciaron diversas demandas contra la ocupación ilegal de los terrenos por parte de la empresa como contra el acuerdo del Gobierno de Nafarroa aprobando el Plan de Restauración.
Cantera del Puerto de Lizarraga
Situada en pleno Parque Natural de Urbasa-Andia, el Observatorio Ibérico de la Minería denuncia que la cantera del Puerto de Lizarraga ha mantenido su actividad a pesar de estar prohibida por el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, produciendo un importante impacto paisajístico y contaminación atmosférica por emisiones de polvo.
La cantera se había explotado intermitentemente desde 1946, y en 1991 la actual empresa titular obtiene autorización para la ampliación y el desarrollo de la explotación. En 1993 se le concede una concesión de recursos de la sección C por 30 años, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 90 años. Sin embargo, destacan que «no contaba con licencia de actividad municipal, operando sin ella».
La sierra de Andia, en el que se sitúa la explotación, es un comunal de todos los navarros, siendo gestionados por la Junta de Pastos de Urbasa y Andia. El Gobierno de Nafarroa ha incluido la explotación en la ‘Guía de criterios sobre integración paisajística de actividades extractivas en Navarra’, alegando que la cantera «se encaja en el paisaje siguiendo una estrategia de ocultación».
Andalucía y Galicia, a la cabeza
Por ahora, el Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado más de 400 infracciones ambientales en el Estado español, como vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales; y casi 300 infracciones relacionadas con falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa.
Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, son las comunidades con más casos de explotaciones mineras «ilegales» documentadas por el Observatorio, que considera que detrás de estas malas prácticas «está la falta de control por las administraciones que genera un ambiente de impunidad generalizado».
«Esto es solo la punta del iceberg», pues aún hay 400 casos pendientes de documentar, según el coordinador del Observatorio, Joám Evans, que ha destacado que, además, en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no estaban investigando.
«Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible», ha lamentado Evans.
El Observatorio Ibérico de la Minería se creó hace un año para documentar posibles vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva en el Estado español y Portugal y hacer públicas las evidencias existentes sobre cada caso.
Fruto del trabajo de investigación colaborativo de decenas de colectivos, ya han documentado más de 100 casos georreferenciados que desvelan la magnitud del problema, ha informado en un comunicado Ecologistas en Acción, colaborador en la iniciativa.
El observatorio expone todo tipo de situaciones, como ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas; explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental; o minas que infringen los derechos laborales.