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El TSJPV anula los recortes que la UPV/EHU impuso en materia de jubilación, según ELA

El sindicato ELA ha dado a conocer que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha recuperado los derechos en materia de jubilación que el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU anuló «unilateralmente» por Decreto el año pasado.

Campus de Leioa de la UPV/EHU. (Luis JAUREGIALTZO | FOKU)

ELA ha asegurado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le ha dado la razón y «se han recuperado los derechos en materia de jubilación en la UPV/EHU que el Consejo de Gobierno anuló unilateralmente por Decreto el año pasado». Los acuerdos se lograron en 2015 «gracias a la acción sindical y suponen el derecho de la plantilla a reducciones horarias laborales y el derecho a la jubilación parcial», de acuerdo con la citada central

El sindicato ha explicado en un comunicado que, concretamente, se recuperan los permisos especiales para el Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS); la reducción horaria del personal PTGAS; la reducción de capacidad docente del PDI y la jubilación parcial.

Según ELA, la sentencia recoge que «los acuerdos de 2015 se encontraban plenamente vigentes» y «no se daban las circunstancias necesarias para que la administración de manera unilateral las suspendiera o modificara». Por ello, dichos acuerdos «han de mantenerse hasta que se dicte un nuevo acuerdo que sustituya los anteriores». En cuanto a las primas de jubilación, la resolución judicial las deja sin efecto de acuerdo a las últimas sentencias del Tribunal Supremo, ha asegurado ELA.

El sindicato ha valorado «muy positivamente» esta sentencia que «demuestra que «la UPV/EHU ha querido imponer recortes a su plantilla de manera unilateral, incumpliendo el deber de negociación colectiva y haciendo caso omiso de la oposición sindical y de su plantilla que tuvo que movilizarse en defensa de sus derechos».

ELA ha anunciado que frente a los recortes de los últimos meses, continuará con las movilizaciones en defensa de «unas condiciones laborales dignas, y en consecuencia, de una universidad pública de calidad».