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LAB y ELA rechazan que Lanbide deje de ser un organismo autónomo público

Concentración de trabajadores de Lanbide ante el Parlamento de Gasteiz. (LAB sindikatua)

Una veintena de trabajadores de Lanbide se ha concentrado este jueves frente al Parlamento de Gasteiz, convocados por LAB y ELA, para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Empleo que contempla que el Servicio Vasco de Empleo deje de ser un organismo autónomo para convertirse en un ente público de derecho privado. Lo rechazan y exigen además que se reviertan los servicios ya privatizados, al tiempo que se consolida el empleo de la plantilla actual.

El proyecto de ley está a la espera del debate de las enmiendas y la votación para su aprobación, según las centrales, está prevista para el 23 de noviembre. Han denunciado el «oscurantismo» con que el Gobierno de Lakua ha gestionado esta modificación a pesar de haber preguntado sobre el tema en las mesas sectoriales.

LAB y ELA consideran que el Ejecutivo «es plenamente consciente de que responde a sus propios intereses y perjudica, tanto a los trabajadores, como al servicio que prestará a la ciudadanía».

La concentración ante la Cámara autonómica ha sido la primera movilización impulsada por ambos sindicatos al respecto, a la que seguirán dos nuevas convocatorias la próxima semana, en contra de que Lanbide «prescinda de la práctica totalidad de los controles y garantías de la función pública» en relación a los cientos de empleados públicos.

«Menos garantista»

LAB y ELA sostienen que «se podrían utilizar sistemas menos garantistas de selección del personal laboral, alejados de los valores de transparencia, igualdad, mérito y capacidad a los que una administración debe responder».

Además, añaden, «se modificaría sustancialmente el régimen presupuestario, de gasto y patrimonial y se prescindiría del control interventor público mediante la aplicación del control interventor empresarial».

Advierten de que la falta de trasparencia y el control afectará a los diferentes programas de empleo y a la subcontratación y adjudicación de formación, «abriendo, más si cabe, la puerta a la privatización». «Este aspecto –inciden las centrales– se agrava porque el empleo y los ámbitos de formación se convertirán en fuente de financiación de las entidades que participan en la Mesa de Diálogo Social».

LAB y ELA mantienen que la creación de empleo de calidad debe ser una prioridad para el Gobierno en el servicio que ofrece a su ciudadanía. Y en el papel de la Administración como empleador, debería de velar por la protección de su plantilla y sus condiciones laborales.