Tensión en la declaración de la exdirectora del CNI ante el juez por el espionaje a Aragonès
La exdirectora del CNI Paz Esteban ha declarado por videoconferencia en un ambiente de tensión entre las partes durante aproximadamente una hora ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, que la investiga por el espionaje con el software Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès.
La exdirectora del CNI Paz Esteban ha declarado este viernes como investigada ante el juez horas después de que trascendiera que los servicios secretos pidieron el aval del Supremo para espiar el móvil del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aduciendo que dirigía y coordinaba a los CDR «desde la clandestinidad». El hecho de que le hayan interrogado en calidad de investigada no le ha obligado a decir la verdad, algo que sí debería haber pasado si se le hubiera citado como testigo.
Esteban ha declarado durante cerca de una hora por videoconferencia desde los juzgados de Madrid ante el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, asistida por cuatro letrados de la Abogacía del Estado –dos en la capital catalana y otros dos en Madrid–, en una difícil comparecencia por la tensión entre las partes, según fuentes conocedoras de la misma.
Y es que la exdirectora del CNI, que fue cesada a raíz del escándalo del espionaje, ha prestado declaración apenas horas después de que trascendiera el contenido de los autos del Tribunal Supremo que autorizaron la intervención del móvil de Aragonès con el programa Pegasus, entre julio de 2019 y marzo de 2022.
Según consta en las resoluciones del juez del Supremo Pablo Lucas, a cuyo contenido ha tenido acceso Efe parcialmente, el CNI planteó espiar el móvil de Aragonès cuando era vicepresident de la Generalitat que presidía Quim Torra, porque sospechaba que, en paralelo a su papel institucional y desde la «clandestinidad», ejercía funciones de coordinador de los CDR.
De hecho, los servicios secretos no pidieron usar Pegasus en el móvil de Aragonès por su condición de vicepresident de la Generalitat, sino por su supuesto papel de «dirección y coordinación» de las actividades de los CDR, coincidiendo con las protestas contra la sentencia del procés y los meses posteriores.
Inventar falsedades
Desde Girona, Pere Aragonès ha acusado al CNI de usar «mentiras» e «inventar falsedades» para justificar su espionaje, por lo que se ha comprometido a «llegar hasta el final» en lo que ha considerado «la segunda parte de la Operación Cataluña».
«Lo que constatamos es que la Operación Cataluña ha tenido una segunda parte: el espionaje masivo a personas por nuestro compromiso con la independencia de Catalunya. Y además, incluyendo afirmaciones fuera de toda realidad y de todo sentido común», ha aseverado.
El mandatario ha ironizado con que «si una parte de la seguridad nacional está en manos de un servicio de inteligencia que comete errores de esta magnitud y que justifica una vulneración de derechos fundamentales en base a mentiras, me preocuparía... si no fuera porque ha sido un espionaje ilegal, sería para reír y parecería una aventura de Mortadelo y Filemón, porque es lamentable».
Como también lamentables ha considerado las «mentiras» de los informes, como acusarle de dirigir los CDR desde la clandestinidad. «Cualquiera con un mínimo de conocimiento de la realidad política catalana ve que las afirmaciones no tienen ningún tipo de base», ha subrayado el president.
Sospechas iniciales
En la querella que presentó contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 –coincidiendo con la investidura de Sánchez–, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado a entre julio de 2018 y marzo de 2020.
El Gobierno español remitió el jueves por la mañana al juzgado los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros ha acordado facilitar, un día antes de que la exdirectora el CNI declarase como investigada ante el juez.
No obstante, inicialmente el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había requerido al Gobierno español toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en el encargo, adquisición y recepción del programa.
Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas.