Errenteria, primer municipio en solicitar la declaración de zona de vivienda tensionada
El Ayuntamiento de Errenteria envía este martes al Gobierno de Lakua la documentación necesaria para formalizar la petición, y se calcula que el proceso durará entre tres y seis meses. La declaración permitirá, entre otras medidas, limitar el precio de los alquileres.
La Junta de Gobierno de Errenteria, formada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha dado luz verde al envío de la documentación necesaria para ser declarada zona de vivienda tensionada, convirtiéndose en el primer municipio vasco en poner en marcha el proceso.
Según ha explicado la alcaldesa, Aizpea Otaegi, se lleva así adelante el compromiso adoptado en el primer pleno de la legislatura, en julio de 2023, cuando el pleno municipal aprobó por amplia mayoría –EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos votaron a favor (17), mientras que el PNV y el PP se abstuvieron (4)– una moción en ese sentido presentada por Stop Desahucios.
En el arranque de su intervención Otaegi ha expuesto que la vivienda es un bien imprescindible para desarrollar un proyecto de vida sobre el que actúan diferentes intereses de mercado, y ha recordado que una de las razones de ser de la Ley de Vivienda aprobada el año pasado en el Congreso de Madrid es facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas que se topan con un muro económico.
En el caso concreto de Errenteria, en la última década el crecimiento del número de viviendas ha sido proporcional al incremento de población. Sin embargo, ha citado tres factores que afectan a la actual situación. Por un lado, el «saldo positivo en población joven, viene más gente joven de la que se va». Por otro, el envejecimiento de buena parte población y también los estilos de vida actuales, con una menor natalidad, lo que lleva a que «hay menos gente en cada vivienda, el 62% de los hogares están formados por 1 o 2 personas». Y el tercero la cercanía con Donostia, ya que «sus altos precios echan a gente y Errenteria es uno de los destinos, y eso también incrementa los precios aquí».
Son dos los documentos principales que se necesitan para solicitar la declaración de zona tensionada: un diagnóstico de la situación actual y un plan de medidas para un horizonte temporal de tres años. En ello se ha trabajado durante los últimos seis meses.
Protocolo con dos requisitos
El pasado diciembre Lakua remitió un protocolo en el que se recogía qué municipios podían ser considerados zona tensionada –Errenteria estaba en la lista– , en función de dos posibles requisitos. El primero, que el precio de venta o alquiler haya subido en cinco años más allá del IPC + 3%, tomando como referencia el índice de cada comunidad autonómica. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, Errenteria rebasa esa subida en más de tres puntos.
El segundo requisito es que la hipoteca o alquiler no sea un 30% superior a los ingresos de la unidad convivencial. En el caso de esta localidad guipuzcoana, la media global se va hasta el 33%, aunque este porcentaje es bastante mayor si se mira solo a las personas en alquiler, porque sus ingresos son un 30% menores que la media.
Otaegi ha indicado que el plan para los próximos años contempla la construcción de 1.200 nuevas viviendas, de las cuales el 54% serán públicas y de alquiler, con lo que se pasará de 723 a 1.371 de este tipo, un 90% más.
Un 5,5% de vivienda vacía
Una vez aprobada la declaración, Errenteria será zona tensionada durante tres años, y se prorrogará anualmente como tal salvo que cambien los datos que dieron pie a ello. Los precios de los alquileres se verán limitados, en líneas generales, y existirá la posibilidad de prórroga extraordinaria anual del contrato en los mismos términos y condiciones que el acuerdo en vigor, hasta un plazo de tres años.
La alcaldesa ha señalado que en estos momentos el porcentaje de vivienda vacía es del 5,5%, «pequeño comparado con otros municipios», gracias a medidas como los recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a ese tipo de viviendas y las ayudas a los propietarios que quieren salir al mercado.
Una vez en manos del Departamento autonómico de Vivienda, la solicitud será sometida a exposición pública y se abrirá un periodo de alegaciones, antes de la aprobación definitiva. Aizpea Otaegi ha indicado que calculan un plazo de entre 3 y 6 meses, aunque hay elecciones autonómicas a la vista y «no sabemos si eso puede afectar y cómo».