Año y medio de cárcel y 30.000 euros por la muerte de un trabajador en Zorroza Gestión
LAB ha dado cuenta del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa por la muerte de un trabajador en 2020 en Zorroza Gestión SL, situada en Murga: un año y medio de prisión y 30.000 euros de indemnización. Una sanción «blanda» para algo «tan grave».
La Fiscalía, la acusación particular y la defensa han acordado un año y medio de prisión y 30.000 euros de indemnización por la muerte de un trabajador el 23 de febrero de 2020 en la empresa Zorroza Gestión SL, situada en Murga.
LAB ha dado cuenta del acuerdo y ha denunciado que «es inadmisible que ante una situación tan grave la Administración acepte una sanción tan blanda como esta».
«La precarizada situación familiar ha sido utilizada para encontrar una solución económica barata, lo que aumenta la gravedad del proceso, en el que la propia justicia ha aceptado esta precarización hasta el último momento», ha manifestado.
Y ha recordado que «los trabajadores y las trabajadoras de Aiaraldea y de Euskal Herria saben muy bien las penas que han sufrido por actuar en un piquete, gritar a un policía o hacer unas pintadas».
«Lo pagan con prisión y multas económicas altas e inhabilitaciones porque se criminaliza la lucha obrera o la lucha por la liberación nacional. A un empresario, en cambio, le sale barato el asesinato de un trabajador migrado y racializado», ha añadido antes de instar a la ciudadanía a participar en la movilización convocada por el comité de huelga de la comarca, SOS Aiaraldea, el día 15 de mayo a las 19.30 en Murga, frente a la empresa.
«Una muerte oscura»
El sindicato ha recordado la denuncia pública llevada a cabo tras ocurrir estos hechos hace cuatro años, y ha destacado que «fue una muerte oscura, ya que los sucedidos a continuación fueron unos hechos sin precedentes, tanto por la gravedad de las sospechas que rodeaban el caso como por la imputación en un primer momento de un trabajador a raíz de la muerte de su compañero, por presunto delito de encubrimiento».
«La patronal, y en este caso concreto la dirección de Zorroza, había abierto una nueva y peligrosa línea: la intención de hacer responsables de la falta de prevención y de las pérdidas de salud o muertes en el trabajo a los propios trabajadores y trabajadoras, es decir, a aquellas personas que precisamente son víctimas de estas desgracias», ha manifestado.
Ha aseverado que «los responsables de la empresa intentaron tapar lo ocurrido tras precipitarse el trabajador desde una altura de ocho metros. Además, el gerente de Zorroza obligó a algunos trabajadores a mover el cuerpo de Bassirou Dione para acercarlo a su puesto de trabajo habitual y, posteriormente, dio amenazas y órdenes concretas a todo el personal: ’Ya sabéis lo que tenéis que decir, ¿no? Que se ha caído de la cinta... ¡Que se ha caído de la cinta!’».
«Los hechos de hace cuatro años han quedado esclarecidos y a la vista está quién tuvo la responsabilidad de esta muerte: el responsable de Zorroza Gestión de Residuos», ha señalado, y ha remarcado que «la oscura gestión de Zorroza venía de antes y ha continuado después, y no sólo por cuestiones laborales».
En este sentido, ha explicado que «en los últimos años han sido numerosos los informes y estudios que han cuestionado la gestión e infraestructura de la empresa, que ha sido multada con 120.000 euros por diversas irregularidades.
La central ha censurado las «jornadas diarias obligatorias de diez horas» y los «sueldos bajos». «La empresa no provee a los y las trabajadoras los Equipos de Protección Individual necesarios; los ritmos de trabajo son muy altos; no hay un sistema para fichar; y las y los trabajadores no reciben ningún tipo de formación en materia de prevención de riesgos laborales», ha subrayado.
Ha asegurado, además, que «obligan a las y los trabajadores a trabajar poniendo en riesgo su salud y su seguridad; ha habido malos tratos verbales continuados por parte de la gerencia de la empresa; y ha habido por lo menos un suceso relacionado con ataques físicos». Y «la empresa ha intentado tapar varios accidentes laborales».