¿Aceptaría el Estado francés sumar siete millones de personas a su censo electoral?

La ampliación del censo de Nueva Caledonia en unos 25.000 electores implicaría, trasladando los datos al Hexágono, que el Estado francés aceptara que siete millones de nuevos votantes se incorporaran a su censo electoral. Pero en el Hexágono tres millones de personas no pueden votar...

Las graves horas que vive Nueva Caledonia, donde rige el estado de emergencia, devuelven a la memoria el brote de violencia de la década de los 80 del siglo pasado, al que en el archipiélago se denomina como «los acontecimientos».

La Asamblea Nacional francesa despejó, en la noche del martes, el camino a una propuesta para descongelar el censo electoral, que podría incorporarse al texto constitucional antes de verano.

Aunque inicialmente se planteaba dar entrada a 40.000 nuevos votantes, finalmente el Senado rebajaba a 25.000 el número de personas que, tras acreditar una década de presencia en Kanaky, podrán votar a futuro en las elecciones territoriales.

«Esa cifra equivaldría a 7 millones de electores si aplicamos la escala de Francia», explica el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS), para añadir que «nadie aceptaría en Francia tal cambio, máxime en vísperas de un nuevo ciclo electoral».

Se refiere la formación independentista a las elecciones provinciales que, previstas inicialmente para el pasado 12 de mayo, se retrasarán, al menos, hasta diciembre.

Una mayoría plural

El acuerdo suscrito por los independentistas con la formación Éveil Océanien, pequeño partido que representa a una comunidad asentada en el archipiélago, la procedente de otro territorio del Pacífico, Wallis-et-Future, permitió conformar en 2021 un Gobierno local y plural, no sujeto al veto de los partidarios de que Kanaky siga formando parte del mapa francés.

«Si se descongela el censo electoral ello trastocará la representación de los grupos políticos dentro de las instituciones», explica Daniel Wea, presidente del Movimiento de Jóvenes Kanakos en Francia (MJKF) que, desde la página web de la asociación Survie, que denuncia las consecuencias de la continuidad del modelo colonial francés, advierte de que «ello permitiría a los partidarios de mantener a Kanaky en Francia recuperar el poder, y durante mucho tiempo».

Los sectores lealistas y el propio Gobierno de Emmanuel Macron justifican, sin embargo, la medida como «una necesidad en términos democráticos».

Salvo que Nueva Caledonia es, según Naciones Unidas, un territorio en proceso de descolonización y que, por definición, la democracia no es compatible con el colonialismo.

Por lo demás, ya en 1983, el pueblo kanako aceptó que se abriera el censo a habitantes de otras áreas del Pacífico, asentados desde tiempo atrás en el archipiélago.

Un «gesto de generosidad poco habitual en la historia de la descolonización», remarca Wea, y que el soberanismo asume plenamente hoy, por más, si se consulta el censo de 2019, los kanakos sean hoy un 41,2% de la población del país, algo más de 110.000 personas.

¿Llegar y votar en el Hexágono? 

Desde 1994 los residentes extranjeros pueden votar en elecciones europeas y locales en el Estado francés, siempre que acrediten tener la «nacionalidad europea», o lo que es lo mismo, que procedan de un Estado de la Unión Europea.

Hubo que esperar, sin embargo, hasta las elecciones municipales de 2001 para que los comunitarios –sin ir más lejos los vascos del sur del Bidasoa establecidos en Ipar Euskal Herria– pudieran votar para elegir a los cargos municipales de su lugar de residencia.

Actualmente pueden votar y ser elegidos, pero no pueden ejercer de alcaldes o tenientes de alcalde, a lo sumo serán concejales.

Las campañas de organizaciones de la sociedad civil que demandan que, como mínimo, también los residentes originarios de estados no comunitarios puedan votar en los comicios municipales no han logrado sus objetivos.

El Gobierno Macron aspira a que un francés continental que lleve diez años en Nueva Caledonia pueda votar automáticamente, pero no ha dado curso a la petición para casos más duraderos en el Estado francés

El Gobierno de Emmanuel Macron, que aspira a que un francés continental que lleve diez años en Nueva Caledonia pueda votar automáticamente, no ha dado curso hasta la fecha a esa petición de que alguien que lleve incluso muchos más años el Estado francés pueda hacer uso de las urnas.

La última revisión constitucional de 2008 ya dio antes portazo al voto de ciudadanos de fuera de la UE en el Estado francés. La iniciativa por el voto de los residentes extracomunitarios fue relanzada, sin éxito, en 2022 por la diputada Sacha Houlié, adscrita, por cierto, al grupo parlamentario macronista, Renaissance.

Así las cosas, una persona originaria de Albania, de Níger o de Brasil podrá vivir, trabajar, fundar –o no– una familia y cotizar todos sus impuestos en el Estado francés sin que a lo largo de su vida pueda elegir, ni siquiera, a sus representantes municipales.

A ello hay que sumar el hecho de que el voto en elecciones departamentales o regionales está vetado a todo residente que no disponga de la nacionalidad francesa, al igual que se les privará de votar en elecciones parlamentarias o presidenciales.

Se estima que no menos de tres millones de personas no pueden ejercer el sufragio en el Hexágono, al estar ligado el derecho al voto con la ciudadanía.

En 2022 vivían en el Estado francés siete millones de personas de origen extranjero, de las cuales solo el 35% disponía de la nacionalidad francesa que otorga el derecho universal al sufragio.