El arzobispo de Burgos asume el control de los monasterios de Belorado, Urduña y Derio

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha asumido el control de los conventos de las clarisas de Belorado, Urduña y Derio y ha prohibido el acceso a los mismos al obispo excomulgado Pablo de Rojas y al portavoz de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, José Ceacero.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha asumido el control de los monasterios de Belorado, Urduña y Derio, que forman parte de la comunidad de religiosas clarisas que el pasado 13 de mayo anunciaron su salida de la Iglesia católica.

Además, Iceta ha prohibido «expresamente» al obispo excomulgado Pablo de Rojas y al portavoz de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, José Ceacero, el acceso y permanencia «en los monasterios y todos sus inmuebles», y les ha pedido que abandonen el convento de Belorado, en el que se encuentran desde el anuncio del cisma.

«Debemos recordar que los monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas», aclara el Arzobispado en una nota.

La Santa Sede ha nombrado a Iceta «comisario pontificio», lo que supone otorgarle poder total sobre los monasterios, en la toma de decisiones tanto administrativas y de vida religiosa como patrimoniales, incluida la representación legal en el ámbito civil, ha explicado el propio arzobispo en una rueda de prensa en la sede del Arzobispado de Burgos.

El nombramiento ha sido comunicado a la comunidad de clarisas, a través del envío este martes por la tarde de un burofax a Sor Isabel, que ha sido madre abadesa durante los últimos años y que, en estos momentos, ya no es abadesa pues ha expirado su último mandato, precisamente este 29 de mayo.

La toma de control por parte de Mario Iceta tiene «efectos inmediatos» y, con la colaboración de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal y penal, el Arzobispado irá tomando las medidas oportunas para conseguir la salida de Pablo de Roja y José Ceacero, así como para proteger a la comunidad de religiosas y el patrimonio vinculado.

«Las dos personas que no pertenecen a la Iglesia hay que recordarles que están un recinto católico», ha apuntado, y cualquier decisión, incluso el empleo de medidas de fuerza para conseguir su salida, se tomará si es necesario al amparo de la ley, a través de los despachos jurídicos, que en primer lugar pedirán su salida voluntaria.

El arzobispo de Burgos ha explicado que el nombramiento, realizado por el papa, le otorga más autoridad que a la ya exabadesa y al consejo del monasterio incluido, con todas las competencias y atribuciones, pero también que actuará de manera colegiada, para lo cual, ha nombrado una comisión gestora.

De ella forman parte la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y su secretaria federal, que velarán por el cuidado de la comunidad religiosa; el vicario judicial de la Archidiócesis de Burgos; y el director de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos, que coordinará los aspectos de índole civil.

Con ellos ha salido en rueda de prensa Mario Iceta, en la que ha insistido en que «quieren actuar con delicadeza y prudencia», pues el objetivo es que las religiosas «reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa. No tenemos prisa», ha asegurado, para añadir que mantiene las puertas abiertas al diálogo, que es la vía prioritaria.

«Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración», de ahí que, «transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas que exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica», ha señalado.

Controlar el patrimonio

Iceta ha indicado que la renuncia expresa y pública las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la Iglesia, por lo que sin necesidad de juicio canónico se abriría un procedimiento que acabaría con la excomunión de las religiosas y su expulsión de la vida consagrada, si bien «confía vivamente en que no sea necesario llegar a ese extremo».

El nombramiento como «comisario pontificio» otorga poderes a Mario Iceta que permiten controlar el patrimonio vinculado a la comunidad religiosa pues, como ha indicado, los bienes de los tres monasterio pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto a personas físicas.

Ello supone que, en caso de suprimir los monasterios, todos los bienes quedarían en el ámbito de la Federación de Hermanas Clarisas, si bien el arzobispo ha destacado que los monasterios «han estado muy bien cuidados y el patrimonio, muy bien mantenido» y que no tienen ni sospechas ni indicios de que hayan intentado vender o enajenar bienes religiosos.