Tal y como preveía la Declaración de Soberanía y tal y como aprobó el pleno del Parlament el pasado 8 de mayo, la comisión parlamentaria de estudio del derecho a decidir ha celebrado la tarde de este jueves su reunión constitutiva, a la que han acudido diputados de los cinco partidos que defienden el derecho a decidir -con permiso del Estado español, en el caso del PSC-. Un arco parlamentario que suma 107 diputados de un total de 135.
La función de la comisión será la de analizar las alternativas que Catalunya tiene para ejercer el derecho a decidir, a través del estudio y promoción de iniciativas políticas y legislativas que permitan convocar una consulta sobre el futuro político de Catalunya. La comisión servirá además, para tratar de centrar el debate sobre el derecho a decidir en el seno del Parlament, en vez de en el acuerdo bilateral entre CiU y ERC, como ha sido hasta ahora.
Previamente, el pleno del Parlament ha aprobado, con la oposición de PP y Ciutadans y la abstención del PSC, que la propia presidenta del Parlament, Núria de Gispert, sea la presidenta de esta comisión parlamentaria.
Una presidenta que ha calificado la nueva comisión como «una de las más importantes» de las que se han constituido en el Parlament y ha destacado la importancia de «compaginar la acción de la comisión con las acciones del Govern y del Pacto Nacional».
De Gispert ha añadido que «la puerta sigue abierta» para el PP y Ciutadans, cuya participación ha considerado que sería «positiva».
Las juventudes socialistas, a favor del referéndum vinculante
El Parlament ha acogido también este jueves la presentación del ‘Manifiesto por el derecho a decidir’, firmado conjuntamente por las organizaciones juveniles de CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y PSC, en el que se comprometen a «impulsar y defender la convocatoria de un referéndum para que Catalunya pueda ejercer el derecho a decidir su futuro democráticamente y de forma vinculante», para lo que piden «una pregunta clara, una respuesta clara y una mayoría clara». Las organizaciones juveniles han asegurado además que tratarán de «promover la participación del movimiento asociativo juvenil en el proceso» y han reclamado «garantizar la participación de los y las jóvenes también de entre 16 y 18 años», equiparándolos «en derechos y deberes a los mayores de edad».
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