Los exalcaldes de Gasteiz Javier Maroto –actual vicesecretario de Acción Sectorial del PP– y Alfonso Alonso –ministro de Sanidad en funciones–, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas del Estado por causar un perjuicio económico de 393.862 euros al Ayuntamiento gasteiztarra al firmar, durante su etapa al frente del Consistorio, un contrato público por el alquiler de un local de la calle San Antonio con el empresario Gonzalo Antón a un precio superior al fijado por los técnicos municipales.

Los dos dirigentes del PP han sido condenados como «responsables contables directos» de los perjuicios ocasionados al Consistorio, junto a los otros siete miembros del Gobierno municipal de Gasteiz que en 2007 firmaron el citado contrato para el alquiler de unas oficinas: Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarria, Jorge Ibarrondo, Fernando Aranguiz, Marian Castellanos, Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Gonzalo Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

Según determinó en su día la Comisión de Investigación del Ayuntamiento, el alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros.

El juicio contable contra Maroto y Alonso tuvo lugar el pasado 11 de abril en Madrid, aunque ninguno de los dos acudió a la vista, al no tener obligación.

El Tribunal de Cuentas ya impuso hace un año una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto «perjuicio» causado a las arcas públicas.

El PP recurrirá

El PP ha anunciado que recurrirá el fallo del Tribunal de Cuentas al considerar que «no queda acreditada la responsabilidad contable».

En un comunicado, el PP ha señalado que «no estamos hablando del ámbito penal y que no existe ningún delito de corrupción y, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna. El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza, designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU», ha destacado.

Ha indicado que este asunto fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Alava, al no apreciar responsabilidad penal «por no haber delito».