Alonso, Maroto y otros ediles han sido juzgados por un posible perjuicio económico al Ayuntamiento por el alquiler de un local de la calle San Antonio al empresario Gonzalo Antón a un precio superior al fijado por los técnicos municipales. Ninguno de ellos tenía obligación de acudir.

El caso ha quedado visto para sentencia. En la sesión se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el Consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento, del PNV y del PSE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado. Y han añadido que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

En rueda de prensa en Donostia tras la reunión del comité ejecutivo del PP autonómico, el ministro de Sanidad en funciones ha señalado que está «contento» de que «por fin ya podamos ir acabando con este tema».

Alfonso Alonso ha remarcado que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, «cuestión que no ha estado nunca en cuestión», sino si la actuación del Gobierno municipal fue «conforme o no con el interés general». En este sentido, ha afirmado que están «en condiciones de acreditar que fue una actuación respetuosa y conforme con el interés de la ciudad».

Urtaran: «Un daño muy importante para las arcas municipales»

No opina lo mismo el actual alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, quien ha destacado que la forma de actuar de los dirigentes del PP «supuso y está suponiendo un daño muy importante para las arcas municipales, para el dinero de todos los vitorianos». El representante jeltzale ha indicado que «la ciudadanía no duda que se ha producido» un perjuicio económico.

Coincidiendo con la celebración del juicio, la plataforma anticorrupción Adi ha llevado a cabo una concentración frente a los locales alquilados por el Gobierno municipal de Alonso y Maroto.