Una rueda de prensa en Bilbo ha servido para presentar el manifiesto que han apoyado decenas de personas referenciales de diversas sensibilidades ideológicas y diferentes ámbitos profesionales en defensa de que Sare recupere los 104.000 euros que, tras la multitudinaria manifestación de enero de 2015, se incautó la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional española.

Entre los firmantes figuran los exlehendakaris Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe, la expresidenta de EA Begoña Errazti, el expresidente del PNV Xabier Arzalluz, ek ex gobernador civil de Bizkaia Dani Arranz, los exconsejeros Tontxu Campos y Javier Madrazo, así como los exalcaldes de Getxo y Bermeo, Iñaki Zarraoa y Juan Karlos Goienetxea, respectivamente.

También aparecen periodistas como Andoni Aizpuru, Pili Kaltzada, Xabier Euzkitze, Mirentxu Purroy o Martxelo Otamendi; los abogados Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia, Jose Mari Compains o Alvaro Reizabal; profesores universitarios como Ramon Zallo, Paco Letamendia, Yolanda Jubeto o Jule Goikoetxea, así como caras conocidas de la cultura como Kepa Junkera, Gontzal Mendibil o Eñaul Elorrieta.

Maite Aristegi y Paul Rios, en euskara y castellano, respectivamente, han sido los encargados de dar lectura al manifiesto en el que, tras repasar el contexto en el que se produjo la requisa han subrayado que los firmantes, «siendo personas de ideologías diversas, pero unidas en el objetivo de reivindicar una sociedad vasca en paz y que avance hacia la convivencia, apoyamos la actividad de Sare porque trabaja en favor del fin de la vulneración de los derechos humanos de las personas presas o del alejamiento que daña especialmente a las familias, de la reclusión de presos gravemente enfermos o de las legislaciones excepcionales».

El respeto de esos y otros derechos, han dicho, constituyen una «tarea pendiente» en la construcción de la paz y la convivencia y en la «apuesta por un futuro colectivo más justo y mejor».

«Sare es un patrimonio colectivo que no dejaremos caer y que tendrá sentido hasta que todos los derechos de las personas presas sean respetados», han destacado.

Han admitido que la «desposesión» de sus activos económicos ha ocasionado una «situación límite» en las cuentas de la red ciudadana y es eso, precisamente, lo que han querido poner de relieve ante la sociedad «porque nos afecta a todos y todas». «Gu ere Sare gara», han destacado.

Decisión de la AN

Tras recordar decisiones judiciales cautelares en fase de instrucción que luego se anularon o rectificaron que fueron «terriblemente injustas», entre las que han citado los cierres de ‘Egin’ y ‘Egunkaria’, han traído a colación un reciente auto del Supremo que, en el caso de Iñaki Goioaga, desautorizaba la «habitual interpretación abusiva de los tipos penales de ‘pertenencia’ y ‘colaboración’» al cumplirse cinco años del cese definitivo de la actividad armada de ETA.

«Esta visión –han indicado– es un factor de esperanza e invitaría a que se deje fuera de toda sospecha a organizaciones de derechos civiles como Sare y su modesto patrimonio».

Por último, han señalado que estarán alerta ante lo que pueda ocurrir el 23 de febrero en la Audiencia Nacional, cuando el tribunal especial decida sobre el dinero incautado.

«Si se rectifica, lo celebraremos por el paso dado hacia la normalización; y si no fuera así y se ratifica la persecución a esta red ciudadana, será la propia Audiencia Nacional la que ahonde en su desprestigio y será la sociedad vasca quien seguirá haciéndose oír haciendo inútiles las zancadillas y poniendo en su sitio en las urnas y en la calle a quienes respaldan los atropellos», han concluido.