Después de la esperada reunión de la Ejecutiva Regional del PSN para analizar la «crisis de Gobierno» anunciada por el propio partido, no habló Roberto Jiménez. «La Ejecutiva del PSN-PSOE hace responsable a UPN de la ruptura del acuerdo de Gobierno», proclamaron ayer vía nota. A renglón seguido el tono del PSN se desinflaba para hablar de reformulación del acuerdo de Gobierno, aunque mantiene la exigencia a sus socios de retirar el nuevo recorte de 132 millones, que equivale a lo que se va a gastar este año el Gobierno navarro en el TAV. El PSN demanda a Yolanda Barcina «certidumbres, especialmente en el ámbito económico, y lealtad». Asimismo, el aire de ultimátum quedó deslucido por las declaraciones de Barcina previas a la reunión, en la que aseguró que no habrá concesiones.

Aunque el PSN sostiene que, «sin esta certidumbre en el ámbito económico, el Gobierno de Navarra está abocado a la ruptura», no se siente cómodo con la postura que adoptó ayer. La muestra de su incomodidad está en la fórmula elegida para dar a conocer este pretendido ultimátum. El PSN primero avisó a los medios para que pudieran fotografiar la reunión de su Ejecutiva al inicio. No se permitieron preguntas. Unas dos horas después, se envió una nota y un corte de voz con las conclusiones. Resulta significativo que no fuera el vicepresidente Jiménez el que habló ante los micrófonos de su propio partido, sino Santos Cerdán, el nuevo secretario de Organización.

La crisis abierta aún parece lejos de cerrarse. Hasta ahora, el PSN había vendido ante la opinión pública su integración en el Ejecutivo de Barcina como la mejor medida de parar los recortes y para dulcificar las iniciativas neoliberales de sus socios. Sin embargo, después de que su portavoz parlamentario, Juan José Lizarbe, admitiera en público que UPN ha decidido recortar 132 millones sin consultarlo a sus socios, Jiménez tiene muy complicado justificar su continuidad como vicepresidente. Está previsto que esta tarde el líder del PSN se reúna con Alfredo Pérez Rubalcaba en Ferraz para tratar sobre la situación del Gobierno navarro. El encuentro, que estaba ya previsto, sí que se ha adelantado a raíz del anuncio de la «crisis», según fuentes del PSN. A la espera del resultado del encuentro en Ferraz, el Gobierno navarro se encontraría en una especie de «impasse», según la propia terminología empleada por los correligionarios de Jiménez.

En realidad, esta es la segunda vez que el PSN anuncia oficialmente una crisis de Gobierno. La primera de ellas se produjo cuando UPN decidió reeditar el pacto con el PP para acudir a las elecciones estatales. Pese a ello, esta vez la grieta abierta entre los socios parece más grave, en gran medida, por el eco que han tenido las declaraciones de Lizarbe en los medios, pero también por la creciente presión popular en Nafarroa (tres huelgas educativas y una de toda la función pública en dos semanas y un sinfín de encierros contra los recortes en educación y en los servicios sociales).

Según informa GARA citando fuentes del PSN, hay motivos para el enfado. UPN habría bloqueado, desde la Hacienda navarra, el programa informático mediante el cual se procede a efectuar los pagos inmediatamente después del anuncio del recorte. Además, el nuevo tijeretazo llega apenas dos semanas después del último «ajuste» anunciado por ambos partidos y cuyo coste fue de 53 millones de euros.

La diferencia entre este último recorte y el decreto que anunció de sopetón el consejero de Economía, Álvaro Miranda, difiere no solo en la cantidad (prácticamente el triple), sino también en las formas. Yolanda Barcina y Roberto Jiménez anunciaron el anterior tijeretazo en una rueda de prensa conjunta en la que el vicepresidente se vanaglorió de haber echado para atrás la amnistía fiscal y admitió estar disconforme con el aumento de las horas de los funcionarios que, hasta entonces, había constituido una de las líneas rojas del acuerdo entre partidos.

Ahora, esta sintonía se da por finiquitada. El PSN cree que las cifras que se les presentaron para el anterior recorte no eran reales y culpa abiertamente al consejero Miranda de esta ocultación. Cerdán indicó que es «necesario» que se les dé a conocer «la situación real de la economía como condición previa de la reformulación de un pacto de Gobierno».