Por 180 votos a favor, 131 en contra y una abstención (la de UPN, que habitualmente apoya al PP) el Gobierno español ha sacado adelante la primera tanda de medidas con las que pretende recortar en dos años y medio 65.000 millones de euros, incluidas en real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
En el momento de la votación se han ausentado del hemiciclo los diputados de ERC, Amaiur, BNG, Compromís y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para no ser «cómplices» de lo que consideran un «ataque bruta» a los derechos sociales de los ciudadanos. El resto de formaciones ha votado en contra.
«No hay dinero para pagar los servicios sociales»
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tratado de justificar los nuevos hachazos al Estado del Bienestar argumentando que la Administración española se encuentra en números rojos. Sin embargo, ha tenido que reconocer que el paquete de medidas viene impuesto por el Eurogrupo dentro del acuerdo para rescatar la banca española que se firmará mañana.
«Las recomendaciones de la UE son obligaciones», ha asumido, después de que su Ejecutivo haya dedicado las últimas semanas a asegurar que la inyección monetaria, de un máximo de 100.000 millones, no tendría «condiciones macroeconómicas».
Punto a punto, Montoro ha desgranado las medidas a adoptar asegurando que no queda otra alternativa. «Hay que renunciar a lo que no es financiable, a lo que no es posible, y hay que explicarlo con claridad, sin subterfugios. Lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo, porque lastra la vida de los ciudadanos. Nos conviene hacerlo, nos conviene renunciar si queremos éxitos. Hay que reducir servicios públicos porque nos conviene para crecer», ha insistido, en referencia, por ejemplo, a la eliminación de diversas ayudas por desempleo.
Como viene siendo habitual, el titular de Economía ha defendido los recortes ante la «herencia recibida» y se ha enfrascado en un debate con el portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre la responsabilidad mutua en la crisis económica que azota el Estado español.
Sobre la eliminación de una paga para los empleados públicos, Montoro ha empleado uno de los habituales eufemismos asegurando que «no baja la masa salarial, sino que hay un detraimiento de la paga de Navidad». Además, ha desmentido que la exigencia de trabajar más (con un menor salario) vaya a revertir en la calidad de los servicios. Lo que el Gobierno español pretende hacer, según el ministro de Hacienda es «asimilar el trabajo del funcionario al régimen de la empresa privada».
«Es hora de decir las cosas claras», ha asegurado Montoro, quien ha pronunciado su discurso sin la presencia del presidente español, Mariano Rajoy, que ha hecho acto de presencia alrededor de las 13.30 horas.
Sobre el incremento del IVA, el titular de Economía lo ha defendido ante el descenso de los ingresos, aunque no ha aportado datos ni porcentajes.
Protestas de funcionarios
Al mismo tiempo que se sucedía el debate se han producido las habituales protestas de funcionarios públicos. En el Paseo del Prado, a 500 metros de la Cámara, un grupo de trabajadores de los ministerios de Exteriores y Economía han cortado la carretera durante 20 minutos.