El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que contempla la paralización de los desahucios durante dos años para los casos más extremos, como ha propuesto la Asociación Española de Banca (AEB). El decreto se limita a definir los perfiles de las personas que podrán acogerse a dicha medida: quienes tengan un nivel de renta inferior a tres veces el IPREM (unos 1.600 euros mensuales), lo que supone una renta anual de 19.200 euros; las familias numerosas y monoparentales con menores de tres años a su cargo, con personas en situación de incapacidad o dependencia; deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha informado también de que el decreto contempla la creación de un «fondo social de viviendas» destinadas al alquiler de aquellas personas que hayan sido desahuciadas, que se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.

La vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Saénz de Santamaría, ha indicado que estos alquileres tendrán «precios bajos» y ha explicado que el nuevo decreto se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el que el PP espera aportaciones «de todos los grupos, especialmente PSOE».

Ha defendido que el decreto es una «respuesta urgente y paliativa» a la «dura» situación económica y que supone una «primera fase» de medidas que se adoptan por «razones humanitarias para los colectivos más vulnerables».

Consultar a la troika para cambiar la ley hipotecaria

De Guindos ha dejado claro que no se va a cambiar la ley hipotecaria y que este decreto se limita al proceso de lanzamiento, que es la fase final del procedimiento de ejecución hipotecaria y que normalmente coincide con el desahucio.

Ha dicho que las condiciones que le impone la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI– le impiden cambiar la ley y que el Ejecutivo debe consultar los cambios en la normativa de hipotecas con esos tres organismos en el caso de que las medidas tengan impacto en el saneamiento del sector financiero y los objetivos fijados por la eurozona en el rescate de la banca.

Sobre la dación en pago de la vivienda, el ministro, que la ha calificado como una solución «de última instancia», ha recordado que es algo que ya está incluido en el «Código de Buenas Prácticas» de la banca y ha opinado que no es la solución «ideal», ya que el propietario pierde su vivienda e implica contratos hipotecarios más caros. «Lo que queremos evitar es que alguien se vaya de su casa», ha argumentado.

De Guindos ha valorado la «actitud favorable» de la banca para evitar los desahucios.