Ramón SOLA
DONOSTIA

La Audiencia Nacional insiste en imputar al director de GARA por un artículo de opinión

El director de GARA, Iñaki Soto, ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional en relación a una carta al director publicada en el mes de agosto pasado y en la que la Fiscalía advierte «enaltecimiento del terrorismo». Tras responder a las preguntas del juez Eloy Velasco, este ha afirmado que piensa seguir con la causa y que mantiene la imputación tanto a los firmantes del artículo de opinión como al director de GARA.

La misiva por la que ha sido imputado Iñaki Soto hacía referencia al 25 aniversario de las muertes de los militantes vascos Maite Pérez y Rafa Etxebeste en Donostia al estallarles un artefacto.

Iñaki Soto ha acudido a Madrid sin saber siquiera cuál era el motivo de la imputación, ya que no se concretaba en la citación, en la que sí se dejaba clara su situación procesal. Según se le ha informado en la Audiencia Nacional, las seis personas que firmaban la carta con nombres y apellidos han sido también llamadas a declarar anteriormente y se han hecho responsables del escrito, excepto en el caso de una de ellas que es menor de edad, si bien se negaron a declarar más cuestiones ante Velasco.

Según el artículo 30 de la Ley Orgánica 10/1995, con este reconocimiento de la autoría se debía dar por delimitada la responsabilidad de los hechos, pero el juez se muestra dispuesto a intentar actuar también contra responsables de GARA por la publicación de la misiva. A tal efecto, las preguntas formuladas por el juez al director de GARA han estado basadas en el funcionamiento del periódico, intentando buscar nombres de responsables directos de que la misiva apareciera en sus páginas. Soto ha explicado que asume la responsabilidad de lo publicado, aunque obviamente no puede controlar todos los contenidos. Ha añadido que las razones de la publicación son informativas y que la función añadida del director es garantizar la libertad de expresión.

La causa ha sido impulsada directamente por la Fiscalía. El «enaltecimiento del terrorismo» es un delito penado con un máximo de dos años de cárcel.