El debate sobre este órgano parlamentario ha llegado a la Cámara de Gasteiz de la mano del PSE, partido que ha registrado una proposición no de ley que ha sido enmendada a la totalidad por cada uno de los demás grupos.

La polémica sobre los fines y la conformación de esta ponencia ya surgió la pasada legislatura, en la que no participó en la misma UPyD. Tampoco estuvieron Aralar y EA por la ausencia de representantes en ella de miembros de la izquierda abertzale.

Las diferencias, previsiblemente, se van a reproducir durante los próximos cuatro años, en los que la correlación de fuerzas en el legislativo autonómico ha variado mucho y EH Bildu ha pasado de no estar en el mismo a ser la segunda fuerza parlamentaria.

El PSE quiere que la ponencia trabaje sobre la base de lo acordado en la anterior legislatura, con el objetivo de buscar de «forma activa y pública» la «disolución definitiva de ETA» y la «deslegitimación de la actividad terrorista».

Todo ello, como paso previo a una «nueva concordia ciudadana basada en la pluralidad» y que dirija la solución de las consecuencias del conflicto «desde la aplicación de la justicia».
En este sentido, la ponencia concluyó el pasado mes de julio que la consolidación del nuevo tiempo abierto con el cese de la actividad armada de ETA «solo será posible» con la desaparición definitiva de la misma, al tiempo que demandó que la paz y la convivencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, del daño causado y de la dignidad de las víctimas.

PNV, PSE y PP están de acuerdo en que la nueva ponencia parta de estos principios, mientras que UPyD defiende el derecho de las víctimas a tener un protagonismo principal en el nuevo tiempo.

EH Bildu, por su parte, cree que el órgano debe tener en cuenta «un nuevo consenso con arreglo a la nueva correlación de fuerzas».

Así, la coalición abertzale defiende que la ponencia reconozca «todas las vulneraciones producidas en el ámbito de los derechos humanos» y que establezca «garantías» para que no se produzcan de nuevo «sufrimientos que han tenido un carácter múltiple», con el fin de «dibujar un futuro de convivencia basado en la verdad, la justicia y la memoria».
La coalición plantea, además, que antes de constituir la ponencia se celebre un pleno monográfico sobre esta materia.

Por su parte, el PNV defiende el trabajo realizado, pero apuesta por lograr un acuerdo más amplio de cara a elaborar «consensos preventivos» dirigidos a «consolidar una nueva cultura de la paz, la convivencia y la reconciliación».

También apuesta por que la ponencia elabore un dictamen con recomendaciones sobre política penitenciaria y por hacer seguimiento e impulso de las políticas públicas en materia de memoria, reconocimiento y reparación de las víctimas.

El PP también asienta su enmienda sobre lo acordado ya y señala que la ponencia debe trabajar para buscar la «disolución definitiva de ETA», como paso previo a la «concordia ciudadana que se base en la pluralidad» y que dirija la solución de las consecuencias del conflicto desde la aplicación de la justicia.