En una rueda de prensa ofrecida en Donostia, el presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, Juan Carlos Alduntzin (Bildu), ha revelado que su predecesor, el jeltzale Carlos Ormazabal, contrató poco antes de las elecciones municipales y forales de mayo de 2011 –antes de las cuales la izquierda abertzaale estaba excluida de las instituciones– unos productos financieros «especulativos» de riesgo (swap) que obligan a pagar unos altos intereses.

Acompañado por la vicepresidenta del ente, Ainhoa Intxaurrandieta, Alduntzin ha explicado que el citado producto obliga a GHK a abonar 300.000 euros mensuales a Banesto y La Caixa en concepto de intereses.

El anterior Consorcio pidió, de acuerdo a lo explicado por Alduntzin, una línea de crédito para la financiaciación del plan de gestión de residuos –incluida la incineradora de Zubieta– cuyo crédito estaba ligado al Euribor. El swap era un «seguro» para que las fluctuaciones de este índice, de carácter variable, no afectasen a las cantidades a abonar. 

Los remarcable es que el swap se aplicó a una previsión de inversión, no a la inversión ejecutada. GHK, ha afirmado Alduntzin, «adquirió el compromiso, independientemente de cuál fuera el futuro del proyecto de la incineradora, de pagar intereses por la misma como si las inversiones realmente se ejecutaran según un calendario teórico preconcebido».

Dicho calendario preveía que para estas fechas se hubieran gastado en la incineradora 94 millones, a los que corresponderían unos intereses de 300.000 euros. Sin embargo, según Alduntzin, solo se han empleado 9,7 millones de euros.

Los actuales gestores del ente han denunciado que el fin de esa maniobra era «hacer irreversible» el proyecto de la incineradora.

Paralizar los pagos

Por ello, el Consejo de Administración acordó no autorizar el pago de los intereses, al considerar que es «un despropósito» y «una sangría inadmisible».

Además, Alduntzin ha anunciado que el órgano de dirección de GHK propondrá en la próxima asamblea «interponer las iniciativas legasles necesarias ante Banesto y La Caixa para que se reconduzca la situación creada por la compra de estos productos especulativos».

Se propondrá asimismo presentar una demanda judicial para «la anulación de los contratos swap». Cabe destacar que son muchos los clientes de entidades financieras que han acudido a los tribunales para denunciar este tipo de productos, de alto riesgo, con sentencias en muchos casos contrarias a los bancos.