En una comparecencia ante la comisión de Régimen Foral del Parlamento de Nafarroa, la presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina, ha negado que el proceso seguido por Caja Navarra haya supuesto la desaparición de la entidad navarra.

Barcina, que ha comparecido a petición de Bildu, PSN, I-E y NaBai, ha eludido asumir cualquier responsabilidad o autocrítica en lo sucedido con la CAN y ha afirmado que lo único que hizo fue respetar la legislación española.

Sobre la anulación del nombramiento de consejeros para designar a dedo una comisión gestora que redacte los estatutos de la futura Fundacion de CAN, ha explicado que el Ejecutivo foral «no disuelve los órganos de gobierno de Caja Navarra», sino que «se disuelven automáticamente» por el cumplimiento de la ley estatal.

«Si el Gobierno no nombra la gestora, es díficil saber las consecuencias de no cumplir la ley, pero serían negativas», ha explicado Barcina.

De la gestora que redactará los estatutos de la Fundación ha indicado que se trata de un órgano de «perfil técnico» para completar el proceso hasta que la Fundación Caja Navarra se entregue a su patronato «integrado por profesionales de prestigio, que refleje la pluralidad» y sea «transparente» en su actividad.

De ahí que, ha añadido, con independencia de la naturaleza jurídica de la Fundación, quiere que esta quede sometida en su funcionamiento a mecanismos de «fiscalización pública para garantizar la transparencia».

Para Yolanda Barcina, el traspaso de la actividad financiera, la pérdida de la entidad de crédito «dentro de un proceso global de reestructuración de cajas», es la que ha abierto «esta nueva una fase», la de esta Fundación, que con una propiedad del 1,2% de las acciones de Caixabank, a su juicio, va «por buen camino».

Y ha agregado que perdida la condición de entidad de crédito, la ley daba cinco meses para transformar a Caja Navarra en Fundación contando desde el 2 de agosto de 2012.

Por eso el Gobierno de Nafarroa el 3 de enero de 2013, disueltos los órganos de CAN por aplicación de la ley, designó a los miembros de la gestora que «cubrirá transitoriamente el vacío de poder».

En su intervención, y a respuestas de los grupos, Barcina ha manifestado, después de que se haya conocido que la Justicia investigará las denuncias contra Enrique Goñi y Miguel Sanz sobre CAN, que por parte del Gobierno habrá «colaboración plena con la Justicia».

Ha dicho que la juez «está estudiando la documentación antes de archivar o seguir adelante». «Van a tener colaboración plena del Gobierno de Navarra para que la Justicia siga avanzando», ha dicho.

Sobre el nombramiento del expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz como presidente de Bodegas Sarría, la jefa del Ejecutivo ha indicado que el informe de Función Pública «no aprecia incompatibilidad para que Miguel Sanz ejerza su cargo en Bodegas Sarría».

La oposición, insatisfecha

El parlamentario de NaBai Patxi Zabaleta, que ha considerado «insatisfactoria» de la presidenta, ha manifestado que «los navarros sienten pena» por la desaparición de CAN y ha dicho que la gestión del proceso de la entidad ha sido «nefasta». Ha defendido que «ese miniresiduo que queda sea objeto de control público, así debía haber sido siempre».

A su juicio, «así debía haber sido antes ante el despilfarro en Caja Navarra» y ha pedido que se someta también a ese control la gestión pasada. Según ha dicho, la entidad «llegó a valer 5.000 millones y lo han reducido a esa miseria».

Juan José Lizarbe (PSN) ha dicho que no se cree «nada» sobre la fiscalización pública. «¿En qué va a consistir la fiscalización pública?», ha dicho, para añadir que «la Caja antes era de todos y ahora de nadie, pero sigue mandando usted».

Ha reprochado a la presidenta foral que «así no se hacen las cosas» en el proceso de transformación en Fundación de CAN. «Llevamos diciendo 15 años que Caja no es pública y llega un día se carga el Consejo y nombra a tres funcionarios», ha criticado, para pedir que «el consenso se trabaje y no pegando golpes encima de la mesa». Ha pedido que revoque el nombramiento de la gestora y nombre otra con «consenso» de los grupos

«Usted ha arruinado cuestiones fundamentales que habrá que reconstruir», ha subrayado por Bildu Maiorga Ramírez, quien ha agregado que desde el Gobierno de UPN «buscaron que el final desastroso de Caja Navarra pasara desapercibido», «negaron información» e intentaron decir que «ustedes pasaban por allí», pero ahora hay abierta una investigación en los tribunales en la «estaría usted» si no fuera aforada.

Tras asegurar que la sociedad está cansada de corrupción, Bildu ha instado también a Barcina a que «por decencia y honestidad» permita una investigación en sede parlamentaria.

El portavoz de I-E José Miguel Nuin ha señalado que CAN era un «instrumento muy importante» y «no está». «Hay diferentes planos de responsabilidad, el judicial y el político», ha expuesto, para pedir a la presidenta «total colaboración» del Gobierno con la Justicia, «cuyo papel es fundamental».

Sobre la fiscalización pública, el parlamentario se ha preguntado «qué es esto» y ha indicado que «aquí lo que hace falta es transparencia». «¿Es transparencia que una gestora que usted nombra haga los estatutos sin que este Parlamento pueda entrar?», ha dicho, y ha pedido una ley foral.

UPN y PPN

Desde la fila de UPN, Carlos García Adanero ha manifestado que «el Gobierno ha hecho, de acuerdo con el informe, lo que tenía que hacer». Según ha expuesto, Caja Navarra «sí existe» y «estamos hablando de una participación en Caixabank» y de una futura Fundación.

El regionalista ha dicho que cuando «la Justicia está en marcha no tiene ningún sentido pedir una comisión de investigación en el Parlamento».

El portavoz del PPN, Enrique Martín de Marcos, ha indicado que «ahora es el momento de que no se cometan los errores del pasado y que la Fundación sea un verdadero punto de inflexión en el proceso de la entidad».

A su juicio, «este punto debe conseguir, con los mimbres de que disponen, que la Fundación sea útil y eficaz para Navarra y sus ciudadanos». Ha pedido que el patronato de la Fundación sea «reducido» y sus miembros sean elegidos por criterios profesionales, «no partidistas».