Arriola ha admitido, en una rueda de prensa en Donostia, que es «muy probable» que el PSE plantee la enmienda a la totalidad pero que «lógicamente» antes tendrán que «analizar» el contenido del proyecto, ya que en las reuniones previas que han mantenido con el PNV «no fluyó información» sustancial «más allá de generalidades».

Sin embargo, los «antecedentes» no son positivos, ha dicho Arriola, quien se ha referido a algunos de los recortes anunciados por el Gobierno de Urkullu, como la paralización del Instituto Biociencias, el Hospital de Eibar o el Metro de Donostialdea.

Los «recortes de 1.200 millones de euros» que prevén las cuentas públicas, según Arriola, son «consecuencia directa» de que en la pasada legislatura el PNV «se negó» a acordar políticas concertadas contra el fraude fiscal.

El líder del PSE de Gipuzkoa ha asegurado que se calcula que el fraude fiscal en la CAV asciende a 2.500 millones de euros, por lo que ha abogado por abordar una política concertada entre el Gobierno de Lakua y las tres diputaciones para luchar contra la elusión fiscal e incrementar de esta manera la recaudación.

Esta tarea es, a su juicio, previa a los acuerdos necesarios para reformar la fiscalidad con el objetivo de dotar a las instituciones de recursos para atender a los servicios de los ciudadanos.

Se ha referido también a las informaciones que apuntan a la paralización de la Línea 3 del Metro de Bilbo, sobre lo que ha expresado «sus dudas».

Arriola ha dicho que no cree que se hayan paralizado las obras, sino que probablemente se habrán modificado los plazos de ejecución para adaptarlos a la disponibilidad presupuestaria, una decisión que ha dicho entender, de la misma manera que le habría parecido correcto hacer lo mismo con otros proyectos como el Metro de Donostialdea que, sin embargo, sí van a ser totalmente paralizados.