El Fiscal Superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha incoado diligencias de investigación contra la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, por afirmar en el pleno del pasado 14 de marzo que «toda víctima que ha muerto por causa política es una tragedia» y que esas muertes «son evitables». Entiende que podría haber cometido un delito de «enaltecimiento del terrorismo».

La agencia Efe indica, de fuentes de la Fiscalía de la CAV, que el pasado martes Calparsoro y el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, conversaron telefónicamente sobre esa intervención de Mintegi en el debate parlamentario y acordaron incoar diligencias al respecto.

Según ha informado la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, en la Junta de Portavoces, Calparsoro le remitió el miércoles un oficio en la que le requería el acta de dicha sesión plenaria, para «investigar las circunstancias y el contexto» en el que se realizaron las declaraciones de Mintegi.

Tejeria ha enviado al fiscal la transcripción de la sesión y ha mostrado su «malestar y preocupación por la gravedad de una decisión que menoscaba la prerrogativa de la inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones como parlamentaria» y «la autonomía de funcionamiento de la Cámara, a cuya defensa me debo».

Le recuerda que el reglamento del Parlamento, en su artículo 14, regula la «inviolabilidad por las opiniones, actuaciones y votos emitidos» por los parlamentarios en el ejercicio de su cargo y señala que este artículo se apoya en el Estatuto de Gernika, que también recoge que «los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan» cuando ejercen sus funciones.

«No es solo que la diputada tenga la condición de aforada, como usted dice, sino que goza de la prerrogativa de inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones como parlamentaria» y, por tanto, sus palabras del pasado jueves están amparadas por esta garantía y constituyen «el supuesto de hecho prototípico amparado por la citada garantía», sostiene Tejeria en su carta a Calparsoro.

La presidenta de la Cámara le recuerda que el Tribunal Supremo ya se pronunció en 2004 sobre un asunto similar cuando la Fiscalía se querelló contra un parlamentario vasco por las opiniones expresadas en la Cámara, y señaló que los aforados no solo son inviolables y se les exime de responsabilidad, sino que gozan del «privilegio» de que no se pueda incoar contra ellos un procedimiento, incluso civil.

«De no ser así el parlamentario se sentiría limitado o coaccionado ante una posible intervención jurisdiccional que fijara, desde fuera, el límite de posibilidades de expresión que, aunque merecieran el calificativo de delictivas, poseen un protección absoluta», señala la sentencia del alto tribunal recogida por Tejeria, en la que se añade que esta es además una «garantía de la división de poderes y de no interferencia entre los mismos».

Con la información recabada, Calparsoro y Torres-Dulce analizarán si procede imputar a los parlamentarios de EH Bildu por sus intervenciones o si, por el contrario, «no pueden ser imputados sobre manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones».