«El problema vasco es el factor que más seriamente irrita las relaciones franco-españolas», dice un cable diplomático del 17 de junio de 1975 de la embajada estadounidense en Madrid, dirigido al Departamento de Estado y a la embajada en París. «Estamos de acuerdo con el comentario de [la embajada de] Madrid de que el problema vasco es el factor que más seriamente irrita las relaciones franco-españolas», contestan, tres días más tarde, desde París.

Los cables de Kissinguer –mensajes diplomáticos de los EEUU entre los años 1973 y 1976 publicados recientemente por Wikileaks– ponen de manifiesto las tensas relaciones entre el régimen franquista y el Estado francés, sobre todo a cuenta del conflicto vasco y las actividades de los refugiados políticos en Ipar Euskal Herria. Son numerosos los cables que a lo largo de esos años salen de la embajada madrileña refiriéndose al malestar español por la poca colaboración francesa en la lucha contra ETA. Por contra, tampoco son pocos los mensajes desde Francia que reflejan el enfado del Quai d'Orsay –sede del Ninisterio de Exteriores francés– por las actividades de grupos de ultraderecha españoles también en Ipar Euskal Herria. Crónica de un tiempo pasado en el que los derechos humanos bastaban para explicar la negativa francesa a extraditar a ciudadanos vascos.

Según se lee en las decenas de cables diplomáticos sobre el tema, la irritación española proviene sobre todo de la negativa francesa a extraditar a presuntos militantes de ETA –por ejemplo, los acusados del atentado contra Carrero Blanco–. Ya en julio del 73, un cable desde Madrid explica una conversación con el embajador francés en el Estado español sobre la extradición: «Para que los franceses consideren esta medida debería haber una evidencia de la culpabilidad de ese terrorista vasco acusado y hasta el momento no ha habido casos en los que los españoles hayan sido capaces de mostrar ninguna evidencia. Además, incluso si las evidencias se presentasen, sería cuestionable si sería políticamente viable para el Gobierno francés devolver a los terroristas vascos a España, por el escándalo que supondría en Francia».

Las tensiones se disparan tras el atentado contra Carrero Blanco, la huida a Ipar Euskal Herria de los responsables y la entrevista concedida por militantes de ETA días después a la prensa francesa. Así lo recoge la embajada en Madrid: «En lo que parece ser una campaña estimulada por el Gobierno, la prensa española ha aumentado una serie de críticas contra el Gobierno francés por su supuesta complacencia ante las actividades de terroristas de ETA instalados en el sur de Francia».

Esta no es la única referencia al uso, por parte del Gobierno español, de medios extraoficiales para presionar a París. De hecho, destaca el uso de los medios de comunicación controlados por el régimen. Por ejemplo, a cuenta de la detención de un comando de los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista (GARI) en el Estado francés: «El tratamiento simultaneo de las informaciones sobre ETA y GARI en los medios españoles está aparentemente diseñado para mostrar que, cuando es necesario, la Policía francesa puede actuar efectiva e inmediatamente contra los terroristas», se lee en un mensaje diplomático.

Ultras bajo patrocinio del Estado

La ofensiva franquista contra la actitud del Estado francés no se limita, ni mucho menos, al ámbito de los medios de comunicación, sino que pasa también por la activación de grupos ultras aparentemente descontrolados pero que, como reflejan los cables diplomáticos, todos saben desde el primer momento que actúan en clara connivencia con las autoridades españolas. Así de claro se deja en este cable del 17 de junio de 1975: «El aumento de atentados y otras acciones violentas en el País Vasco francés deben ser vistos como un esfuerzo de los Guerrilleros de Cristo Rey y otros extremistas de derecha, con la connivencia e incluso el estímulo de las autoridades españolas, para llevar la campaña de terror contra ETA a sus seguros santuarios franceses». El 20 de junio, la embajada en París confirma este extremo: «La reacción aparente del Gobierno español [a la negativa a extraditar] consiste en un patrocinio extraoficial de la actividad terrorista contra vascos franceses o españoles en Francia. Algo absolutamente inaceptable para el Gobierno francés».

Las tensiones llegaron a su punto culminante con la condena a muerte de Txiki, Otaegi y tres militantes del FRAP, cuando las protestas se extendieron por todo el Estado francés, superando el ámbito de la izquierda: «Un importante número de reconocidos gaullistas ha telegrafiado directamente a Franco para pedir la conmutación», se puede leer en un cable.

Posteriormente, el 14 de octubre de 1975, apenas un mes antes de la muerte del dictador, otro cable de la embajada de Madrid advierte de que el objetivo del «terrorismo español» no se limita a la persecución de los militantes de ETA, sino que busca presionar al Gobierno francés: «La violencia, de forma poco sorprendente, se ha desbordado también en Francia. Un comando intentó asesinar a un militar español agregado en París. La derecha española, probablemente con el permiso tácito del Gobierno, ha realizado hasta la fecha modestas incursiones en el territorio vasco-francés, diseñadas para recordar a los franceses que el problema vasco es también de Francia. El contraterrorismo, probablemente, aumentará, al menos en España». El tiempo, durante la transición y con el régimen parlamentario ya establecido, no tardó en dar la razón a las observaciones del entonces embajador estadounidense en Madrid, Wells Stabler.