El escenario abierto por la decisión de ETA de abandonar definitivamente la lucha armada, hace ya diecinueve meses, ha estado muy marcado hasta ahora por el bloqueo en la cuestión de los presos, pero en las últimas semanas emerge con fuerza otro problema paralelo: la persistencia de juicios y encarcelamientos por procesos políticos. La resistencia popular a las detenciones del Boulevard de Donostia y la Alameda de Ondarroa ha puesto el foco sobre este asunto, que la mayoría de los partidos quieren presentar como un mero trámite, pero cuyos gravísimos efectos quedan a la vista si se repara en las cifras.

Eleak está ultimando un listado con los procesos políticos pendientes de resolución, pero según ha avanzado a GARA en ellos están afectados directamente unos 200 ciudadanos vascos, procesados exclusivamente por su actividad política en distintos organismos y movimientos. En la actualidad, en torno a 125 de ellos se encuentran en prisión, o bien preventiva o bien cumpliendo condenas de la Audiencia Nacional que están recurridas ante instancias superiores. Se les suman por ejemplo los cinco dirigentes condenados por el ‘caso Bateragune», que ahora revisará el Tribunal Constitucional.

Algunos de los casos todavía pendientes de juicio se remontan al año 2002. Es el caso del de las herriko tabernas o sumario 35/02, de modo que personas como Idoia Arbelaitz, Rufi Etxeberria, Jon Gorrotxategi, Juani Lizaso, Agustín Rodríguez... llevan más de once años sometidas al proceso judicial.

Este asunto podría ser juzgado por la Audiencia Nacional en la segunda mitad de este año, con lo que casi 40 personas se sentarían en el banquillo. Y también es posible que antes de acabar 2013 se lleve a vista oral un macroproceso contra la juventud independentista que conllevará un número similar de acusados y que tiene como punto de partida las 34 detenciones en una misma noche del 24 de noviembre de 2009.

Segi y Batasuna

Esto hace que Segi y Batasuna se hayan convertido en las dos organizaciones con mayor número de perseguidos penalmente, en ambos casos por su mera actividad política, convertida por las FSE y la Audiencia Nacional en presunto delito de «integración» o «colaboración» con ETA. En diversos procesos pendientes aparecen al menos 82 jóvenes a la espera de juicio por militar en Segi y más de 70 por hacerlo en Batasuna. Aquí sobresale también el proceso abierto a los detenidos en Segura en octubre de 2007, redada que alcanzó a 23 personas en un solo día.

Eleak constata también que hay casi una veintena de vascos pendientes de procesos abiertos en relación con Ekin. Y la lista se completa con los sumarios aún pendientes de resolución contra abogados, Askapena, EHAK, ANV, Askatasuna, Apurtu...

Se presuponía que la cita más inmediata podría ser la revisión en el Supremo del caso de cinco jóvenes de Iruñerria condenados a seis años por la Audiencia Nacional bajo la acusación de militar en Segi o Ekin. Sin embargo, el Supremo ha aplazado la cita que estaba prevista para el próximo día 28, aunque se mantiene la reunión abierta en Txantrea el día 23. Mikel Jiménez, Xabier Sagardoi –liberado el pasado domingo–, Maider Caminos, Aritz Azkona y Luis Goñi son los encausados.

Tras lo ocurrido en Ondarroa, este movimiento en defensa de los derechos civiles y políticos ha felicitado a todos los implicados en defensa de Urtza Alkorta. Apunta que tras lo de Donostia o antes Orereta y Gasteiz, «se ha dado un paso más, pero obviamente no es suficiente.

Necesitamos seguir haciendo camino, profundizando en iniciativas cada vez más masivas, más desobedientes, más populares y contundentes». Para ello proponen «tejer entre todos redes desobedientes, que organicen y protejan a personas en riesgo por la aplicación de leyes injustas».