La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, ha emplazado a las partes personadas en el caso Caja Navarra a que informen si debe elevar la causa al Tribunal Supremo dado el aforamiento de la presidenta del Gobierno de Nafarroa, Yolanda Barcina, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

La magistrada considera que, en lo instruido hasta el momento «existen indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho». Por ello, cree «indispensable recibir declaración en calidad de imputada a Yolanda Barcina Angulo».

El auto relata cómo los estatutos de Caja Navarra acordaron la creación de un órgano novedoso de carácter consultivo, la Junta de Entidades Fundadoras, que se constituyó el 21 de junio de 2010.

Ya entonces se propuso un calendario de sesiones ordinarias que, sin perjuicio de unas denominadas «sesiones de reporte», contemplaba la celebración de tres sesiones, agrupadas en un mismo día, para atender separadamente a las tres funciones atribuidas a ese órgano (emisión de informes no vinculantes, seguimiento de la situación financiera y seguimiento de la actividad de los órganos de gobierno).

A partir del 31 de agosto de 2010, según indica, comienzan a reunirse Miguel Sanz como presidente del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Iruñea, y Álvaro Miranda como consejero de Economía en lo que denominaban «sesiones de reporte» y celebraban dos sesiones consecutivas en cada ocasión.

Estas reuniones se celebran los en agosto y setiembre de 2010, y en enero, marzo, junio, agosto y setiembre de 2011. A partir de la sesión de 31 de agosto de 2011 quien preside estas sesiones es Yolanda Barcina, al haber sido elegida presidenta del Ejecutivo foral y por tanto de la Junta de Entidades Fundadoras.

Asistió también a esas reuniones Enrique Maya como alcalde de Iruñea y siguió participando en las mismas Miguel Sanz a pesar de no estar prevista en norma alguna su presencia una vez que ya no ostentaba el cargo de presidente del Gobierno.

Por cada una de estas dos sesiones consecutivas se pagaron 2.680 euros brutos para el presidente, y 1.717 para los demás miembros, cantidades que no se identificaban como dietas, no aparecían con esa denominación en las cuentas de CAN y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la CNMV por no referirse a órganos de gobierno ni personal directivo de la entidad, por lo que «quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización», se indica en el auto.

La jueza considera que estas reuniones no tenían ningún tipo de soporte normativo, ya que la previsión que se hace en los estatutos es «nula» a ese respecto y esa alusión a «sesiones de reporte» no es base suficiente para ello.

Reuniones para justificar las dietas

María Paz Benito apunta a que los miembros de esa Comisión Permanente fueron elegidos de manera «arbitraria» por el presidente del Gobierno de Nafarroa y no se dio ninguna publicidad ni se informó a nadie de su existencia ni de sus integrantes.

También destaca la celebración de reuniones de la Permanente muy próximas en el tiempo a las de la JEF y muchas de ellas al parecer sin contenido, ya que «no consta participación ni actividad alguna por parte de los participantes a la sesión».

En definitiva, concluye, se trató de unas reuniones que «son la base, excusa o justificación de devengo de unas dietas», que carecen de soporte normativo, cuya composición es decidida por el presidente del órgano con el beneplácito del director de Caja Navarra y que no son conocidas ni por los órganos de gobierno de la entidad ni por los demás miembros de la JEF.

La jueza considera «irrelevante» que Sanz, Maya, Miranda y Barcina hayan devuelto las dietas y apunta a la existencia de un presunto delito de «cohecho impropio».

En ese sentido, y llegados a este punto de la instrucción, entiende que es «indispensable» recibir declaración en calidad de imputada a Yolanda Barcina y sería por tanto el Tribunal Supremo el órgano al que le correspondería, si lo estima procedente, la investigación de los hechos y su enjuiciamiento.

Por este motivo, pide a la Fiscalía, a las defensas y acusaciones que le informen si debe remitir exposición razonada al Tribunal Supremo para que este valore si debe declarar la presidenta navarra como imputada.

Rechaza sobreseer la causa contra Maya

En otro auto, Benito rechaza, en este momento procesal, la solicitud de sobreseimiento presentada por el alcalde de Iruñea, Enrique Maya.

Maya es una de las cuatro personas imputadas por la juez que investiga las dietas de Caja Navarra, junto al expresidente Miguel Sanz, el exconsejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, y el exdirector general de la CAN Enrique Goñi.