El Tribunal Supremo verá el 3 de julio el recurso presentado por los jóvenes. Si se ratifica la sentencia de seis años de condena tendrán que volver a prisión -Jiménez está actualmente encarcelado- para cumplir el tiempo que les resta. Pasaron tres años y medio de prisión preventiva.

Todos ellos fueron condenados por su militancia en Segi o Ekin, pero, según destaca la abogada Jaione Karrera, la operación policial en la que fueron detenidos en 2008 tenía como objetivo actuar contra la kale borroka. En un primer momento, se ordenó la detención de Luis Goñi, Xabier Sagardoi y Aritz Azkona. Los dos primeros fueron arrestados por la Guardia Civil e incomunicados y denuncian haber sido sometidos a torturas. Azkona no se encontraba en su domicilio y no fue detenido.

En el periodo de incomunicación, Goñi y Sagardoi realizan varias declaraciones policiales que sirven a la Guardia Civil para detener a Alberto López y ordenar la búsqueda de Mikel Jiménez. «Estamos hablando siempre de declaraciones policiales. Ninguno de todos los detenidos en este procedimiento ha ratificado nunca sus declaraciones policiales ante un juez», puntualiza Karrera.

Sin embargo, la maniobra de utilizar las declaraciones policiales obtenidas durante la incomunicación para llevar a cabo más detenciones se repite en varias ocasiones más. Así, fueron detenidos Maider Caminos, Maitane Intxaurraga, Amaia Legarra y Noé López. Además, se buscó a Ernesto Prat, Andoni Sarasola e Ibai Mateo.

«Lo que inicialmente se inició contra un denominado `grupo Y' se convierte en una operación contra organizaciones políticas, intentando vincularlas con la kale borroka, atribuyendo una supeditación de Segi a Ekin», añade la abogada.

En este sentido, el procedimiento, inicialmente presentado como destinado a aclarar decenas de acciones violentas registradas en Iruñerria, concluye haciendo únicamente referencia a dos. «Se desinfló completamente el caso. Y tras ello lo único que se ha mantenido ha sido la pertenencia a una organización terrorista en relación a Segi o a Ekin», destaca Karrera.

Para justificar estas condenas se vuelve a recurrir a las socorridas declaraciones policiales obtenidas durante el periodo de incomunicación y a efectos incautados en los domicilios, «muchos de ellos meramente propagandísiticos que se pueden obtener en cualquier lugar, como pegatinas. No son material interno de una organización». Asimismo, les atribuyen la propiedad de material incautado en lugares como el gaztetxe de Barañain, utilizado por cientos de jóvenes durante años.

En prisión a la espera del primer juicio

El procedimiento -instruido por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, a cargo de Fernando Grande-Marlaska- se dilata en el tiempo. «No hay forma de que se les conceda la libertad provisional a la espera de ser juzgados, a pesar de que lo solicitamos en repetidas ocasiones», denuncia la abogada. Todo ello, incluso cuando dos de los procesados, Aritz Azkona y Mikel Jiménez, voluntariamente acuden a la sede de la Audiencia Nacional al conocer que están siendo buscados. Quieren declarar ante Grande-Marlaska, que se niega a recibirles y ordena su detención. Ambos son arrestados en las escaleras del tribunal especial. «Es evidente que no hay riesgo de fuga», subraya Karrera.

El juicio se celebra tres años y medio después del ingreso en prisión de la mayoría de los procesados por parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional mediante un tribunal formado por Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández y Nicolás Poveda, que actúa como ponente. La sentencia tarda en hacerse pública seis meses, una demora excepcionalmente prolongada, ya que lo habitual es que se tarde en torno a un mes. Seis años de condena que ahora se revisará en el Supremo. Cuatro están en libertad bajo fianza y el quinto en prisión.

Contradicciones entre jueces

Curiosamente, en aquella época, otro tribunal de la misma Sección, con Gómez Bermúdez, consideró que declaraciones similares y pruebas parecidas no eran suficientes para condenar a un grupo de jóvenes de Oarsoaldea. La sentencia de Poveda no resultó tan escrupulosa. «No tiene ningún rigor jurídico. No establece por qué unos son absueltos y otros condenados. Existen numerosos errores. Uno de los más llamativos es que hacen referencia a sentencias sobre kale borroka afirmando que Aritz Azkona o Luis Goñi han sido condenados cuando fueron absueltos. Todavía es más grave cuando la ponente de la absolución de Aritz Azkona es Manuela Fernández, que luego firma la sentencia de Poveda junto a Gómez Bermúdez», destaca Karrera.

La sentencia que se revisará en el Supremo incluso califica como hecho probado la pertenencia a Segi basándose en la incautación de elementos informáticos para, posteriormente, absolver a ese acusado. «No se justifica qué diferencia hay entre quienes son absueltos y los cinco que son finalmente condenados», añade Karrera.