El objetivo de la vista era determinar si el Estado español debe pagar una fuerte multa por la tardanza en la recuperación de las deducciones fiscales concedidas en los años 90 a unas 300 empresas de la CAV. Las subvenciones fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006.

Al haberse devuelto ya casi todo el dinero, el Ejecutivo comunitario ha pedido al Tribunal que perdone al Estado español la sanción más grave –que suponía 236.044 euros por día de retraso–, siempre los intereses pendientes se pagan antes de que haya sentencia final, según han informado fuentes judiciales.

Sin embargo, Bruselas mantiene su petición de una multa de 25.817 por cada día transcurrido entre la primera sentencia y el reembolso de la ayuda, que ascendería a alrededor de 64 millones.

Durante la vista, el Estado español ha pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre cuál es el método de cálculo que debe utilizarse para calcular el importe de las ayudas a devolver. El motivo es que el Ejecutivo comunitario rechazó los criterios iniciales utilizados por las autoridades españolas y les obligó a recuperar más subvenciones.

Tras la vista de este martes, la abogada general del Tribunal de Justicia, Eleanor Sharpston, publicará en los próximos meses su recomendación sobre si debe imponerse o no una multa al Estado español y sobre su importe, que puede modificar la propuesta de la Comisión. La sentencia final se dictará a continuación.

El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales en vigor en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia y exigió su devolución.

Las ayudas se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios. El régimen fue derogado pero las ayudas han tardado en recuperarse 12 años.

Diputación de Araba

La Diputación de Araba ha considerado injusta la multa que Bruselas pide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponga al Estado español por no haber recuperado la totalidad de las ayudas conocidas como las «vacaciones fiscales vascas», ya declaradas ilegales por esta corte.

«Creemos que esa cifra no corresponde a lo que ha sucedido», ha asegurado en unas declaraciones a la prensa el diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), quien defiende que las empresas vascas tenían derecho a acogerse a los beneficios fiscales ordinarios que existían en el Estado español, una vez se eliminaron las ayudas que se habían considerado ilegales.

«Aceptamos que la sentencia dice que son ilegales, pero podemos aplicarle los criterios y los descuentos que se habrían aplicado con la legislación ordinaria, y esa es la discrepancia entre la Comisión y la defensa que hemos hecho hoy», ha aclarado el diputado alavés.

La Diputación de Araba asegura que la recuperación de los 278.000 euros que cita la Comisión no le preocupan porque es una cantidad menor fruto de un malentendido con la CE en cuanto a la fecha aplicable para la recuperación de las ayudas.

«Está cobrado todo lo principal y queda un único fleco, que la verdad que nos ha sorprendido porque esto no nos lo había comunicado la Comisión», ha afirmado De Andrés.

«Tenemos por escrito que la cifra era la fecha de tasación y ahora (la CE) dice que la fecha tenía que ser la de escritura pública, es un cambio que se ha producido por iniciativa de la asesoría jurídica de la Comisión», ha agregado.

Por su parte, la Diputación de Bizkaia ha solicitado que la decisión que se tome por el Tribunal Europeo sobre los 6 expedientes abiertos, dos por herrialde en la CAV, sobre la recuperación de las ayudas fiscales sea individualizada, por cada Diputación.

La petición vizcaina trata de asegurar que quede constancia, en el caso de la imposición de una posible multa, de quién debe abonar la sanción, en virtud de su cumplimiento o no con la Comisión.

En general, la institución vizcaina ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la vista oral que hoy se ha celebrado en Luxemburgo sobre el caso de la multa por la recuperación de las llamadas «vacaciones fiscales vascas» que fueron declaradas ilegales.