Cerca de doscientos ciudadanos vascos desfilarán esta semana por San Fernando de Henares, el alejado enclave donde se ubica la sala de vistas de la Audiencia Nacional española. De ellos, 76 serán juzgados en dos procesos políticos: el 26/11, contra el movimiento juvenil independentista, que comienza mañana; y el 35/02, la mal llamada causa de las «herriko tabernas», que se inicia el jueves y que constituye una causa general contra HB, EH y Batasuna, estructuras político-institucionales de la izquierda abertzale.

Entre las dos operaciones, diferentes generaciones de vascos que comparten haber sufrido la persecución de la actividad política independentista. Un ciclo caracterizado por elementos como la ilegalización de organizaciones, la «teoría del desdoblamiento», las denuncias de tortura, las acusaciones genéricas o las «listas negras». Unos conceptos que, a partir de mañana, volverán a ponerse sobre la mesa frente al tribunal.

Todo ello, como continuidad de la estrategia del «todo es ETA» diseñada en Madrid desde finales de los años 90 y que pervive pese al nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo decretado por la organización armada hace dos años. Impulsos políticos al margen, los procesos tienen también su propia lógica, sin abstraerse del contexto general. Como reconocen fuentes de la propia Audiencia Nacional, estos juicios constituirán un test para evaluar la influencia de los nuevos tiempos en el debate jurídico sobre los tipos penales que defiende la Fiscalía.

Los números evidencian la magnitud de los procedimientos. Un total de 76 ciudadanas y ciudadanos vascos se enfrentan a una petición global de 612 años de cárcel bajo acusaciones de «integración» o «colaboración» con ETA a causa de su actividad política. Concretamente, 240 años en el caso de los jóvenes (seis para cada uno de ellos, habiendo acumulado un total de 50 de prisión preventiva) y 372 en el de Batasuna (con peticiones de entre 8 y 12 años, y con 28 de prisión preventiva acumulada entre los encausados). Estas son las solicitudes realizadas por Fiscalía, ya que la AVT y Dignidad y Justicia, los dos colectivos ultras que participan como acusación particular, piden un castigo mayor. La defensa, por su parte, aboga por la libre absolución.

Además de los encausados, los representantes de 110 asociaciones culturales están citados el jueves como responsables civiles y se verán afectados por el proceso, cuyas sesiones están señaladas, por ahora, hasta diciembre. Esto implicará un elevado coste personal y económico que los afectados cifran en más de un millón de euros. Una suma a la que hay que añadir 1.750.000 euros que ya han depositado en fianzas.

La gran redada de 2009

Aunque los tiempos y especificidades de ambos procesos son distintos, la motivación política constituye un común denominador. También comparten el modelo de acusación, que se basa en tesis policiales avaladas por jueces instructores (Baltasar Garzón en el caso de Batasuna y Fernando Grande-Marlaska en el del movimiento juvenil) que, posteriormente, los propios agentes van llenando de contenido. Unas prácticas ya aplicadas en macrosumarios como el del 18/98 (que se cerró con importantes condenas) u otros procesos como los desarrollados contra «Egunkaria», Udalbiltza o D3M y Askatasuna (concluidos con la absolución).

El primero de los macrojuicios, el que comienza mañana, tiene su origen en una gran redada desarrollada por Policía española y Guardia Civil el 24 de noviembre de 2009, en la que 35 jóvenes fueron arrestados. La operación, puesta en marcha por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, tiene su origen en dos elementos. Por un lado, el procedimiento de Jarrai-Haika-Segi por el cual el Tribunal Supremo español terminó considerando como «organización terrorista» a los colectivos juveniles de la izquierda abertzale. Por otra, operaciones policiales iniciadas en Nafarroa en 2008 y que dieron paso a la elaboración de «listas negras»: jóvenes que denunciaron públicamente el riesgo que sufrían de ser detenidos.

Por eso, 25 de ellos se ofrecieron para personarse ante el tribunal. El juez lo ignoró. Sin embargo, en abril de 2009, abrió un proceso paralelo que terminó en noviembre con la redada, que sería seguida por otros arrestos. De los 40 procesados, 32 ha denunciado torturas. Un elemento determinante, ya que buena parte de las acusaciones se basan en las declaraciones obtenidas durante el período en el que los jóvenes permanecieron en manos de Policía española y Guardia Civil.

Se amplía la criminalización

Además de los testimonios obtenidos durante la incomunicación, la teoría del «todo es ETA» y las imputaciones se basan en informes policiales, que se sustentan en el material propagandístico o informático hallado en los registros de viviendas y locales, seguimientos y actividades públicas (ruedas de prensa, manifestaciones o encuentros).

En este caso, la acusación amplía el radio y termina por meter en el totum revolutum de Segi (ilegalizado definitivamente en 2007) a todo el movimiento juvenil. De la lógica «Segi es ETA» se pasa al «movimiento juvenil es Segi». Así, tomar parte en una gazte asanblada, en una iniciativa contra el TAV o en un sindicato estudiantil como Ikasle Abertzaleak ya se considera prueba de cargo. Incluso que aparezca la palabra «gazte» en un documento puede utilizarse para apoyar esta tesis.

No obstante, los magistrados españoles tienen ya una jurisprudencia que no se puede pasar por alto. Especialmente, desde la sentencia del Supremo de 2011 por la que se condenó a cinco jóvenes de Oarsoaldea y se absolvió a otros once, en la que se establecía el concepto «militancia activa» como base para imponer castigos.

Tampoco se puede obviar el contexto en el que se desarrolló la macrorredada, muy distinto al actual. Tras el fallido proceso de diálogo entre el Gobierno español y ETA, cerrado en 2006, el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, vaticinó la detención de 200 militantes vascos antes de las elecciones de marzo de 2008. La cifra se superaría con creces.

Estas operaciones, además, llegaron en un momento de intenso debate en el seno de la izquierda abertzale. De hecho, la redada se produjo apenas diez días después de la declaración de Altsasu, donde el independentismo de izquierdas se comprometía con un proceso «pacífico y democrático», y poco antes de la presentación de «Zutik Euskal Herria».

A partir del lunes, los 40 jóvenes se sentarán frente a la Sección Primera de la AN. Por ahora están señaladas sesiones para los días 14, 15 y 16 de octubre (para que declaren los acusados); 5, 6, 7, 25, 26 y 27 de noviembre (policías y guardias civiles), y 9, 10 y 11 de diciembre (comenzarán los testigos de la defensa). Y no se descarta que se alargue más allá.

La supuesta financiación

El jueves comienza la vista oral del sumario 35/02. Se trata de una causa general contra HB, EH y Batasuna que se ha estirado once años y donde están encausadas personas conocidas por desarrollar labores en la estructura de la izquierda abertzale o en instituciones.

El contexto también tiene gran importancia en este caso. En enero de 2002, PP y PSOE sellaban el denominado «Pacto antiterrorista» que precedió a la Ley de Partidos, pensada como norma ad hoc para ilegalizar a Batasuna. En abril, Garzón ordenaba arrestar a once personas, a quienes vinculaba con las herriko tabernak (en un momento en el que la formación abertzale era todavía legal) y, en julio, decretaba la suspensión de actividades de HB, EH y Batasuna, adelantándose a la sentencia del Supremo.

Una norma, la Ley de Partidos, que no puede utilizarse en este juicio, ya que no determina conductas punibles penalmente. Pese a ello, la acusación sí que ha intentado aplicar de facto algunas de sus líneas maestras para probar sus teorías.

Pese a que mediáticamente se ha vinculado el sumario con las herriko tabernak, lo cierto es que no existe ninguna acusación concreta contra esas sociedades culturales. Genéricamente se apunta a la «financiación de ETA» pero, según indican desde la defensa, «no se dice ni cómo, ni dónde, ni cuánto». De hecho, las únicas menciones que aparecen en el escrito de acusación son un préstamo entregado al diario «Egin», otro a la coordinadora Lurraldea y el pago de tres fianzas de vecinos presos. En este sentido, la acusación ha llegado a acusar a las herrikos de financiar a ETA y viceversa (recibir fondos de la organización armada) sin presentar ningún flujo monetario.

«Vamos a acabar con este juicio antes de que este juicio acabe con nosotros». Es una frase pronunciada por un magistrado, según fuentes de la propia Audiencia, que define cierto estado de opinión sobre este macroproceso. En el actual contexto, ambos juicios aparecen como un anacronismo donde el Estado, inmóvil, sigue aferrado a recetas pasadas.