En una rueda de prensa celebrada en Bilbo, Amaia Izko y Ainhoa Baglietto, como portavoces del equipo de abogados de la presa tafallarra Inés del Río, han señalado que ya han pedido la puesta en libertad de su defendida, así como de Antton Troitiño.

Posteriormente, según han asegurado en una comparecencia en la que también han estado los letrados Didier Rouget o Alfonso Zenon, reclamarán la puesta en libertad de 54 personas que «tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta».

Según han explicado, este martes se reunirá el pleno de jueces de la Audiencia Nacional española, en una reunión en la que «solo pueden acordar poner en libertad a Inés del Río mañana mismo». «Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento», han asegurado.

«Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales», ha destacado.

Preguntadas por cómo ha recibido la noticia Del Río, han señalado que está «feliz» por la decisión del TEDH, pero han lamentado que «es una buena noticia que llega demasiado tarde, ya que el caso de Inés se viene denunciando desde 2008».

La abogada ha recordado que el tribunal europeo ya se pronunció en primera instancia, el pasado año, a favor de Inés del Río y ha dicho que, al recurrir ese fallo, el Gobierno español «solo buscaba mantener en el tiempo una situación vulneradora de derechos fundamentales por el rédito que le podida producir en su política antiterrorista».

Sobre el pronunciamiento del Ejecutivo español de que «el estado de derecho no está en suspenso», Amaia Izko ha dicho que «lo que está en suspenso son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y esta mañana se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro».

La letrada ha señalado que, como criterio general, el Tribunal de Estrasburgo ha determinado que «no se puede adoptar una interpretación contra reo y aplicarla retroactivamente para alargar la pena».

Ha considerado que, tras la resolución del tribunal europeo, «es el final del camino de la ‘doctrina Parot’, pero no es el final del camino de la vulneración de derechos fundamentales, porque en ella se basa la excepcionalidad» de las leyes que se aplican a los presos políticos vascos, según la letrada.

Por ello, ha pedido al Gobierno del PP que «termine inmediatamente con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor» aplicadas a estos reclusos.