El presidente del Tribunal Superior de Londres, John Thomas de Cwmgiedd, ha dictaminado que Troitiño sea liberado lo antes posible, como solicitaba la defensa, si bien tendrá que presentarse a diario en una comisaría de la capital británica.

«Visto que (Inés) del Río Prada ha sido puesta en libertad, parece apropiado que Troitiño lo sea también», ha afirmado Thomas, quien ha recordado que Troitiño, en prisión preventiva desde su detención en Londres, «ya ha pasado mucho tiempo en la cárcel».

«No tengo ninguna objeción», ha replicado el fiscal Jonathan Hall.

El juez ha dictado la libertad condicional de Troitiño, a la espera de que la Fiscalía reciba instrucciones de las autoridades españolas española sobre si retira la petición de extradición que pesa sobre él, lo que llevaría a su libertad permanente.

En este sentido, el magistrado ha dado «siete días» -hasta el martes- a las autoridades españolas para que comuniquen a Hall si quieren o no anular esa solicitud de entrega y ha indicado que, si no se cumple ese plazo, «los abogados podrán llegar a un acuerdo» sobre cómo proceder en este caso.

La vista sobre el caso de Troitiño estaba prevista para las 11.00 de la mañana (hora de Euskal Herria), pero ha sido pospuesta hasta la tarde a petición de la Fiscalía, que había alegado no haber recibido instrucciones de las autoridades españolas en relación al caso de Inés del Río.

Esta misma mañana, la Audiencia Nacional espñoal ha ordenado la puesta en libertad de la presa de Tafalla en aplicación del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ayer anuló el alargamiento de condenas.

Troitiño, de 56 años, fue puesto en libertad en abril de 2011 tras haber cumplido una condena de 24 años de prisión.

Poco después se ordenó de nuevo su arresto para aplicarle la doctrina 197/2006 de forma retroactiva, que hubiera fijado su excarcelación para 2017.

Fue detenido el 29 de junio de 2012 en Londres a requerimiento de las autoridades españolas. Desde entonces ha permanecido en prisión preventiva.

El Tribunal Superior de Londres aprobó en junio su extradición al Estado español pero la defensa del vecino de Intxaurrondo pretendía llevar su caso ante el Supremo, máxima instancia judicial en Gran Bretaña.