Miren Aranoa y Maiorga Ramírez han comparecido en rueda de prensa para recordar que en enero de 2012 afiliados de EA costearon por menos de 12.000 euros la instalación de una antena en monte Erreniega para captar ETB1 y ETB2 en Iruñea y sus alrededores.

El Gobierno de UPN reaccionó interponiendo una denuncia ante el Ministerio de Industria. Por su parte, la delegada del Gobierno español, Carmen Alba, actuó de oficio por entender que se trataba una antena «pirata e ilegal».

El 7 de marzo de 2012 agentes de la Guardia Civil procedieron al desmantelamiento y precinto de la antena, dejando sin señal a Iruñerria. Seguidamente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones incoó un expediente sancionador contra EA, resolviéndose éste con la imposición de una sanción económica de 30.000 euros por haber utilizado frecuencias sin autorización, y 15.000 euros por la instalación de estaciones radioeléctricas sin autorización.

Aranoa y Ramírez han denunciado que ahora se les ha añadido un recargo de otros 9.000 euros pese a que las sanciones no son firmes porque EA interpuso recurso tanto contra la actuación de la Guardia Civil como contra las multas. «EA se ha visto obligada a hacer efectiva la sanción a fin de evitar que se dictase providencia de embargo de sus bienes y se elevase el recargo», han señalado los dirigentes de esta formación, que ha abonado 49.500 euros por tratar de posibilitar la captación de ETB en Iruñerria.

Los dirigentes de EA han denunciado tanto la actuación que derivó en el desmantelamiento y precintado de la antena como el modo en que se ha tramitado el expediente sancionador, ya que «están plagadas de irregularidades invalidantes que han generado la más absoluta indefensión para EA y la vulneración de las mínimas garantías fundamentales en cualquier procedimiento administrativo, especialmente si es un procedimiento sancionador».

En su opinión, en este caso «subyace un trasfondo ideológico encaminado a impedir la captación de la televisión vasca en Navarra», lo que supone «un nuevo ataque a la pluralidad» y un incumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.