Villadelprat ha comparecido hoy en la vista celebrada esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gasteiz, que tendrá que determinar si la declaración de quiebra de esta compañía puede calificarse de «culpable» tal y como defienden la Administración Concursal, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, y como pidió también el Gobierno de Patxi López.

El proyecto Epsilon Euskadi, creado para impulsar un proyecto de automovilismo de competición recibió unos 50 millones de euros en ayudas públicas que provinieron de diversas instituciones incluido el Gobierno de Lakua, pero en febrero de 2011 se solicitó el preconcurso y en julio de ese año la declaración de concurso de acreedores al no poder afrontar los créditos contraídos con Caja Vital y Kutxa.

De esa deuda, que tras una rebaja acordada con Kutxabank asciende a 16,3 millones de euros, se ha tenido que hacer cargo el Parque Tecnológico de Araba, del que son socios el Gobierno autonómico, a través de la Spri, la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz.

El abogado de la Administración Concursal ha mantenido durante la vista que la solicitud del concurso fue «tardía» porque ya en el ejercicio 2009 la compañía declaró pérdidas por un total de 1,3 millones de euros y también que las medidas adoptadas por Villadelprat no fueron correctas.

Ha censurado que Villadelprat «agravó» el estado de insolvencia porque aunque era consciente en abril de 2011 de la situación de la empresa vendió la rama de competición automovilística, que suponía «más del 80% de sus ingresos vía esponsorización», lo que generó una desvalorización de la firma cifrada en 899.263 euros.

Esta venta de la sección deportiva está siendo investigada por la vía penal en otro juzgado de Gasteiz, ya que según la Fiscalía se llevó a cabo por un precio «notoriamente inferior al valor real» y podría incurrir en un delito de alzamiento de bienes.

«Nos cayó la tormenta perfecta», ha afirmado Villadelprat para explicar la conjunción de elementos que según él provocaron la quiebra de este proyecto. Así, ha citado la crisis económica iniciada en 2008 que provocó que se diera marcha atrás a inversiones en investigación, la imposibilidad en ese marco de encontrar inversores privados, la reducción de las ayudas otorgadas por el Gobierno de Madrid y la llegada del PSE al Gobierno de Lakua que mantenían que «todo» lo que había hecho el anterior Ejecutivo del PNV era «desastroso».

Ha dicho estar «convencido» de que no llegaron a recibir 50 millones de euros en ayudas públicas y ha relatado por ejemplo que un año pidieron 25 millones y el Gobierno español sólo les concedió 4 y que el último año pidieron 15 millones y recibieron 15.000 euros.

Ha dicho que hasta febrero de 2011 estuvo convencido de que tenían la solución al problema de la falta de liquidez porque tenían un inversor estadounidense interesado, que finalmente se echó atrás por motivos personales.

Ha añadido que ya desde 2010 buscaron inversores en China, Dubai o Emiratos Árabes, ha asegurado que la venta de la rama de competición fue la acción «más justa» para con los trabajadores y ha dicho que aunque no hubieran vendido esa parte del negocio tampoco habrían podido hacer frente a los vencimientos de la deuda.

Ha defendido su gestión argumentado que la empresa estaba auditada y que tanto el Parque Tecnológico de Araba, donde estaba asentada la firma, como el resto de acreedores estaban siempre «al tanto de todo».

En la vista también ha declarado el que fuera director gerente de dicho parque, Manuel Nogales, quien ha asegurado que el consejo de «nunca» avaló la venta de la rama de competición, una operación que también ha sido cuestionada hoy por los administradores concursales.