El juzgado de Donostia ante el que la Abogacía del Estado había recurrido la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de promover una consulta popular sobre la desanexión de Igeldo había planteado una cuestión de competencia para determinar si asumía el asunto o, en su defecto, se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Según ha informado esta tarde la Diputación, el tribunal había requerido la opinión de las dos partes, ante lo cual la Abogacía del Estado ha optado directamente por acudir al TSJPV sin esperar a que el Juzgado de la capital guipuzcoana se pronunciase.

El diputado general, Martin Garitano, ha sostenido esta mañana en Radio Euskadi que una consulta no vinculante «no puede ser ilegal» y que una negativa como la planteada por la Abogacía del Estado no aparece «en ningún texto escrito ni en euskara ni en castellano. No sé si en arameo habrá algún texto que pueda decir eso, pero, para una consulta no vinculante, la Diputación es absolutamente soberana para hacerla. Yo puedo preguntar a los ciudadanos lo que crea que es de interés. Los ciudadanos tienen perfecto derecho a contestar o no y, luego, yo obraré en consecuencia en función de las competencias que me son atribuidas por la Ley», ha indicado.

A su juicio, el juez debería no solo rechazar la propuesta del organismo que lidera Carlos Urquijo, sino que «incluso debería afear la conducta de un delegado del Gobierno que un día sí y otro también, no busca más allá que poner trabas a la acción política de las instituciones».

Preguntado por qué hará la Diputación si los y las igeldotarras apoyan la desanexión de Donostia, Garitano ha señalado que si se da «una participación suficiente y una mayoría clara» se abriría el proceso para dar cauce a dicha voluntad popular.

También se ha pronunciado sobre este asunto los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Donostia. Ernesto Gasco ha afirmado que «los extremos son malos», tanto por la convocatoria de la Diputación como por la reacción de la Abogacía. Para Eneko Goia (PNV), la intervención del Estado es «desproporcionada» y genera «crispación»; mientras que Ramón Gómez (PP) ha reclamado a los tribunales que suspendan cautelarmente la consulta mientras no adopten una decisión sobre el fondo del caso.