Esta es la posición que la Fiscalía defenderá en la vista de extradición que se celebrará ante la sección segunda de la Audiencia Nacional española según la agencia Efe, después de que el Consejo de Ministros acordara continuar su entrega a petición de la jueza argentina María Servini por un delito de torturas sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos aboga en su dictamen por la «preferencia de la jurisdicción del Estado donde se cometieron los hechos para evitar una duplicidad de procesos»: «Los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos, al tratarse de hechos cometidos en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles», afirma.

Además, recuerda que de acuerdo al Código Penal español de 1973, aplicable en el momento de las torturas, los hechos estarían prescritos «con creces» por haber pasado más de diez años.

Para explicar esto último, argumenta que «a pesar de que los tratados internacionales establecen que los delitos de lesa humanidad no prescriben, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fija que esta norma general no se puede ejecutar de forma retroactiva» y, por ello, «considera aplicable a este caso el Código Penal español de esa época, que fija la prescripción de las torturas en diez años».

Así, cree que «sin perjuicio de la resolución que pudieran adoptar los órganos competentes de la jurisdicción española en el marco de sus investigaciones» si se formula denuncia por parte de Argentina, la extradición se podría denegar porque los delitos estarían prescritos.

‘Billy el Niño’, así como el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar (pendiente también de una vista de extradición), se negaron a ser entregados a Argentina el pasado diciembre ante el juez Pablo Ruz, quien también se negó a detenerlos e impuso a ambos comparecencias semanales, la prohibición de salir del Estado y la retirada del pasaporte.

La extradición de estos dos exmandos de la Policía española y la Guardia Civil la pidió la jueza Servini tras admitir una querella contra ellos por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores durante la época franquista.

Billy el Niño, de 67 años, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975 en las cárceles madrileñas de Yesería y Carabanchel.