El operario, que pertenecía a la empresa Aballa S.L, subcontratada por la UTE-Lapatza –compuesta por las empresas Moyúa y Antzibar–, falleció tras precipitarse con el camión articulado que conducía por un terraplén de unos diez metros de altura.

El siniestro laboral se produjo en las obras de construcción de la carretera de Deskarga, en la GI-632 entre Antzuola y Bergara. La Diputación de Gipuzkoa, adjudicataria de las obras, decidió como «medida cautelar» apartar de estos trabajos a Aballa S.L, tras detectar «algunos indicios de irregularidad», a la espera de los resultados definitivos de las investigaciones.

La directora general de Osalan, Izaskun Urien, y el jefe territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la CAV, Ricardo Mínguez, han comparecido este jueves en las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar de las pesquisas desarrolladas en torno a este siniestro, cuya «causa principal» parecen ser los «defectos» constatados en los equipos de trabajo.

Urien ha explicado que, según el informe de Osalan, que tiene 86 páginas, «todo parece indicar» que el accidente es consecuencia de «un fallo en el freno de servicio» del camión, ya que se detectó «una perdida de presión del servicio hidráulico motivado por un fallo en la bomba».

La investigación determina asimismo que el asiento del vehículo no era el original, que no se podía regular en altura y que carecía de cinturón de seguridad, ha relatado Urien, quien ha destacado la importancia de este hecho dado que el trabajador salió despedido por la ventanilla derecha del vehículo y resultó aplastado después por el remolque.

«Cabe la posibilidad» de que las consecuencias del siniestro «no hubieran sido tan graves» si el empleado hubiera llevado un cinturón de seguridad y no hubiera salido despedido por la ventanilla, ya que la cabina quedó prácticamente intacta, ha añadido.

La responsable de Osalan también ha señalado que, salvo el gerente de la empresa, los trabajadores que habían usado el camión con anterioridad coinciden en que habían detectado «fallos» en su funcionamiento, entre ellos deficiencias en los frenos y el asiento o aparición de «chispas y llamaradas» en algunos trayectos.

El jefe de la Inspección de Trabajo, Ricardo Mínguez, ha asegurado que tras las investigaciones realizadas  han remitido un informe al Ministerio Fiscal al entender que «se aprecian indicios racionales de criminalidad».

«Esto no es frecuente en los accidentes de trabajo pero, en este caso, se entiende que puede haber personas penalmente responsables», ha insistido Mínguez, al tiempo que ha precisado que será al juez al que corresponderá «determinar las imputaciones a los distintos sujetos que puedan ser responsables».

En cuanto a las sanciones administrativas, desde la Inspección de Trabajo se han propuesto dos: una por infracción muy grave a la empresa Aballa, con responsabilidad solidaria de la contratista principal, por importe de más de 160.000 euros, y una segunda exclusivamente para la contratista principal por deficiencias en el plan de seguridad y salud, que figura en el proyecto de la obra por importe de 20.000 euros.

También se ha propuesto por parte de la Inspección de Trabajo un recargo de entre un 30 o 50% en las prestaciones que pudieran corresponder a los beneficiarios del operario muerto, una suma que asciende a «cientos de miles de euros» y que, según ha comentado Mínguez, recae «directamente en la empresa, sin poder ser objeto» de cobertura por parte de los seguros contratos por ésta.