El mayor genocidio registrado en el mundo, según la ONU, comenzó la noche del 6 de abril de 1994, solo horas después de que el presidente del país, Juvenal Habyarimana, muriera, cuando fue alcanzado por dos misiles el avión en el que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Kigali.

Habyarimana, que había llegado al poder en 1973 mediante un golpe de Estado, pertenecía a la etnia hutu, mayoritaria en el país, con un 85% del total de su población.

Los hutus atribuyeron el magnicidio a los tutsis del Frente Patriótico Ruandés (FPR), movimiento guerrillero con el que habían librado una guerra intermitente desde 1990.

En cuanto corrió la voz de que Habyarimana había muerto, los hutus comenzaron a matar a tutsis y miembros moderados de su propia etnia: hombres, mujeres, niños y ancianos fueron masacrados a tiros y machetazos.

Ruanda, con ocho millones de habitantes, se convirtió en una inmensa fosa común ante la pasividad del mundo.

Las matanzas continuaron hasta principios de julio, cuando más de un millón y medio de ruandeses, sobre todo hutus, huyeron a Zaire (actual República Democrática del Congo), Tanzania y Burundi ante el avance de las fuerzas del FPR, que acabó ocupando Kigali y casi todo el país.

En apenas 48 horas, las ciudades fronterizas zaireñas de Goma y Bukavu vieron llegar a 1,2 millones de refugiados ruandeses, que vivían en miserables condiciones, lo que pronto causó que se registrasen brotes de cólera, disentería, meningitis y otras enfermedades.

Los victoriosos tutsis del FPR formaron un Gobierno en Kigali e instaron a los refugiados a regresar al país, pero al mismo tiempo pidieron a la comunidad internacional la formación de un tribunal para juzgar a los hutus por genocidio.

El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) encargado de investigar el genocidio con 13 votos favorables, la abstención de China y el voto en contra de Ruanda, que se oponía a que el tribunal pudiera dictar pena de muerte.

El 2 de septiembre de 1998, el TPIR declaró culpable de «genocidio» al exalcalde Jean Paul Akayesu, en la primera sentencia de este tipo en la historia de la Humanidad.