En concreto, la jefa del Ejecutivo navarro, Yolanda Barcina, ha señalado, en torno a la polémica generada en torno a esta exposición, que «un pueblo que pierde sus raíces, pierde su identidad» y ha defendido que «como parte de la historia de nuestra comunidad, hay que mostrar la historia de Navarra y de los 250 años de un regimiento».

«Hay que contar la historia, eso es lo importante, porque un pueblo que pierde sus raíces pierde su identidad», ha expuesto Barcina en declaraciones a los periodistas antes de participar en al acto de toma de posesión de Álvaro Michael Sacristán como nuevo comandante militar de Nafarroa.

En su opinión, «si hay alguien que de esos 250 años considera destacable que también hay que contar lo negativo que se cuente, que se cuente la historia, porque perderemos nuestra identidad si renunciamos a nuestras raíces».

Además, Barcina ha destacado que «gracias precisamente al Ejército», que cedió «gratuitamente» la Ciudadela al Ayuntamiento de Iruñea, «tenemos ese gran parque verde en el corazón de la ciudad». «Si eso hubiese sido patrimonio particular quizá tendríamos edificios y una gran densidad de población y no esta ciudad con tantos parques verdes y tantos espacios», ha remarcado.

Por su parte, la delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, ha opinado que «se está hablando mucho de una exposición de la que no se conoce ni lo que va a haber». Por ello, ha considerado que «se está sacando punta» a una exposición cuyo contenido «se desconoce».

A juicio de Alba, «lo que tendríamos que tener presente es las labores que ha hecho ese regimiento en Afganistán y en todos los sitios que está haciendo labores humanitarias». «Es un regimiento que tiene 250 años de historia y entre los paneles pasan muchas partes de la historia que se ha vivido en España», ha concluido.

Recogida de firmas

Cabe recordar que más de 22.000 personas firmaron en internet por la retirada de la citada exposición al considerar que la muestra es una «humillación» para las víctimas de dicho regimiento, que tuvo una importancia destacada en la represión fascista de 1936.

Los impulsores defendían, además, que la iniciativa es contraria a la Ley de Memoria Histórica.