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IRUÑEA

Andía (UPN) dice ante el juez que desconocía que las preferentes fueran «arriesgadas»

El exalcalde de Eguesibar Josetxo Andía (UPN) ha asegurado ante el juez que «no ha especulado nunca» con el dinero de la sociedad pública Andacelay y ha declarado que cuando en el año 2011 adquirió participaciones preferentes por valor de 100.000 euros desconocía que fuera «una operación arriesgada ni imprudente».

Josetxo Andía, a la izquierda, a su llegada a los juzgados de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)
Josetxo Andía, a la izquierda, a su llegada a los juzgados de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 1 de Iruñea ha acogido este lunes el juicio contra el exalcalde del Eguesibar por la compra de participaciones preferentes por un importe total de 100.000 euros con dinero de la sociedad pública Andacelay.

Andía ha manifestado que ahora, «con lo que ya sabemos» de las preferentes, se arrepiente de haberlas adquirido, pero ha insistido en que «en esos momentos era una operación que lo único que buscaba era tener más rentabilidad para la sociedad».

«Me pareció una operación rentable», ha declarado Andía, quien, a preguntas de la fiscal, ha afirmado que no entendió necesario comunicar la operación financiera que realizó con Caixa Catalunya (entidad de la que era trabajador en excedencia) al consejo de administración de Andacelay porque «tenía facultades para hacerlo».

El exalcalde ha asegurado que para él las preferentes eran un producto completamente seguro, de alta rentabilidad y sin ningún problema de liquidez, una declaración respaldada por los testigos de la defensa, que son o eran empleados de Caixa Catalunya.

El fiscal pide cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación por un delito de malversación, además de una indemnización de 61.381,71 euros a la sociedad municipal, mientras que la defensa solicita la libre absolución.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el grupo municipal de NaBai, que presentó la denuncia tras conocerse la compra de preferentes por parte de Andía, reclama tres años de cárcel por delitos de prevaricación, fraude, delito societario y malversación, además de una indemnización económica al Consistorio de 200.130 euros.

La acusación particular ha incidido en la idea de que Andía prescindió de todos los procedimientos administrativos existentes para contratar productos bancarios, y ha remarcado que en marzo de 2011 ya se conocía, si no de forma generalizada, sí en el ámbito bancario, que en esas operaciones había un riesgo.