Según ha informado el Ministerio Público a través de una nota, la reunión tendrá lugar este miércoles. Torres-Dulce, nombrado directamente por el Ministerio español de Justicia, insiste en formalizar la querella, que sus homólogos catalanes rechazan.

Según recuerda el comunicado, la Fiscalía Superior de Catalunya inició las diligencias el pasado 8 de noviembre «ante la realización de actos (cesión de locales públicos, elaboración de papeletas, distribución de urnas)» por parte de la Generalitat y que considera «contrarios a la suspensión cautelar dictada por el TC».

Además, el mismo día de la consulta «informó en las diferentes denuncias ciudadanas (desarrolladas por el PP o Societat Civil Catalana, entre otros) a favor de la admisión a trámite de todas ellas por entender que existían indicios racionales de delito».

Sin embargo, el Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, no ha considerado procedente iniciar un proceso penal y así se lo ha comunicado este lunes a Torres-Dulce. Esta decisión choca con las presiones lanzadas desde el Gobierno español y el PP para que el Ministerio Público imputase, al menos, al president, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por «desobediencia» y «coecho».

La líder de la formación en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, fue más allá hace una semana y anunció que la querella estaba lista. Posteriormente, el inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, enfrió estas ansias, al menos en público, intentando dar una imagen de «autonomía» por parte de la Fiscalía. No obstante, la necesidad de la querella era una decisión tomada. Algo que Torres-Dulce tratará de encauzar con la reunión convocada.