En opinión de los grupos que han comparecido, el Gobierno español está utilizando el caso de Garoña en su agenda de alargar la vida del parque nuclear hasta los 60 años, por ello plantea que la planta continúe operando otros 17 años.

Durante la presentación de la iniciativa, el diputado del PSOE por Burgos Luis Tudanca ha denunciado esta intención del Ejecutivo, que «rompe» con el consenso sobre el periodo máximo de vida útil de las nucleares, establecido en 40 años.

En su opinión, la paralización de la actividad de Garoña dos atrás, por decisión de su titular, Nuclenor, ha demostrado que no supone un hándicap para el suministro energético del país.

El cierre de la planta debe ir de la mano de un desarrollo económico alternativo, basado en sectores más sostenibles para dar «oportunidades de futuro» a la población de la comarca, ha concluido Tudanca, acompañado por la secretaria federal de Cambio Climático del PSOE y portavoz de Medio Ambiente en la Cámara baja, Pilar Lucio.

Por otro lado, Pedro María Azpiazu (PNV) ha explicado que el grupo jeltzale se adherirá a todas las iniciativas que promuevan el fin de la central, que desde el punto de vista del suministro eléctrico es «innecesaria».

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha opinado que el PP ha perdido el sentido común y prima intereses económicos por encima de los de la sociedad, opinión que han compartido los diputados del BNG, Rosana Pérez, y de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo.

Pedro Quevedo, de Coalición Canaria, ha explicado que su grupo se ha sumado a la iniciativa por solidaridad, ya que «los canarios no tienen mucho que ver con los riesgos de las centrales, pero sí sabemos del estímulo de las energías sucias», en alusión a las prospecciones petrolíferas que tienen lugar en su comunidad autónoma.

Por último, el líder de Equo, Juan López Uralde, ha explicado que la declaración de este jueves no acaba en el Parlamento sino que buscará un mayor número de adhesiones en la sociedad.

Con la declaración «mandamos el mensaje de que no importan los tejemanejes del PP, porque Garoña no se va a reabrir y no vamos a asumir los costes posteriores», en alusión a las indemnizaciones que pudiera reclamar Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) en concepto de lucro cesante.

Garoña es la central más antigua y pequeña del Estado y lleva parada desde diciembre de 2012 por decisión de su propietario y que que en ese momento adujo motivos económicos (nuevos impuestos sobre el combustible nuclear).

Posteriormente cambió de opinión y solicitó a Industria la renovación de la licencia de explotación por 17 años más, una petición sobre la que se tiene que pronunciar antes el Consejo de Seguridad Nuclear, cuyos informes son preceptivos y vinculantes.

En declaraciones a la prensa, la secretaria federal de Cambio Climático del PSOE ha estimado que no queda tiempo para la reapertura de Garoña en lo que resta de legislatura.