La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, acordó la celebración de esta sesión para el próximo 8 de mayo aunque ha decidido retrasarla tres semanas, hasta el día 29, aludiendo a problemas de agenda de varios de los 19 jueces que forman parte de este órgano.

Los magistrados tienen sobre la mesa el informe de la Fiscalía del tribunal especial, que se opone a plantear una cuestión prejudicial ante Europa al considerarla «improcedente».

El fiscal jefe de la AN, Javier Zaragoza, se apoya en la resolución del Supremo, que en el pleno celebrado el 13 de enero consideró innecesario plantear esa cuestión prejudicial, al interpretar que la nueva directiva europea sobre la acumulación de las condenas impuestas en países de la UE «no supone restar las penas extranjeras ya cumplidas a las condenas nacionales».

El litigio ha dividido a toda la judicatura en las instancias en las que se están abordando ya estos casos: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Los magistrados han quedado abocados a elegir entre la clara decisión marco europea (que establecía que deben descontarse los tiempos de condena cumplidos antes en otros estados) y la artimaña construida por el PP el año pasado para evitarlo.

La cuestión es esencial, porque en la situación actual solo una aclaración directa por parte del Tribunal de Luxemburgo parece capaz de evitar que los tribunales españoles estiren en cadena las condenas de los presos vascos pasando por encima de lo que estableció Europa ya en 2008.

Las diferentes interpretaciones de esa norma europea llevaron a las Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional a dejar en libertad en diciembre a Santi Arrozpide y a Alberto Plazaola, cuyas excarcelaciones fueron revocadas el 10 de marzo por el Supremo.