En una comparecencia en el Colegio de Médicos de Bilbo, Susana Etchegoyen ha explicado que su iniciativa se produce a raíz de las reiteradas denuncias realizadas por personas detenidas y presas, y después de que el Estado español no haya modificado su actitud a pesar de las siete condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de los informes del Comité contra la Tortura de la ONU en ese mismo sentido. La reconocida doctora y profesora universitaria argentina ha dicho que no espera otra cosa que un pronunciamiento favorable de la Asociación Médica Mundial hacia su iniciativa, al estimar que está probado que los forenses del tribunal especial están encubriendo un trato cruel e inhumano, algo que expresamente prohíbe el código ético por el que se rigen los galenos de todo el planeta.

En su denuncia, se aportan detalles sobre las denuncias por torturas presentadas por Ainara Bakedano, Anabel Prieto, Beatriz Etxebarria, Sandra Barrenetxea, Gorka Lupiañez y Unai Romano. Etchegoyen ha precisado que son aquellos casos que están debidamente documentados y donde está probado que los forenses negaron el mal trato cuando lo hubo. Ha considerado «gravísimo» que no se actúe para garantizar el cumplimiento por parte de los institutos y asociaciones médicas españolas de las normas éticas respecto al respeto a la vida y los derechos humanos más elementales.

La médico argentina ha añadido que en el Estado español se obvian conductas y deberes de los profesionales de la salud para con este tipo de pacientes. En su opinión, no se trata de una práctica aislada y contaría con el amparo del propio estado, citando que hay forenses de la Audiencia Nacional cuyas conductas han sido reprobadas por el TEDH y que siguen trabajando en ese tribunal.

Además, ha aprovechado la comparencia para denunciar también la «indefensión» en que se encuentran los colegas vascos que atienden a presos enfermos. Ha mencionado que se viola el secreto profesional al impedir que en las consultas y las pruebas no estén solos los profesionales y los pacientes, obligando a que los funcionarios de prisiones asistan a ellos. Tampoco se ha olvidado de que los exámenes –ha citado las de carácter ginecológico– y tratamientos se efectúen con los prisioneros esposados.

Etchegoyen ha incidido en que esas acciones constituyen tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes hacia los pacientes. En su intervención, ha mencionado asimismo la operación de la Audiencia Nacional contra profesionales de la salud que se agrupan en la asociación Jaiki Hadi, que trata de obstaculizar la asistencia médica a los presos vascos. Además, ha citado la situación límite en que se encuentran los presos Txus Martín, Aitzol Gogorza, Ibon Fernández Iradi e Ibon Iparragirre, para los que ha demandado la prisión atenuada en sus domicilios. Al respecto, ha asegurado que, en caso de un desenlace faltal, las autoridades españolas serán las responsables; aunque también ha lamentado la cobertura que la UE da al Estado español.