El Parlamento de Gasteiz aprobará hoy la Iniciativa Legislativa Popular con el apoyo de EH Bildu, PSE y PP. El PNV, que en la Comisión de Medio Ambiente optó por la abstención, decidía ayer el sentido de su voto, que explicará hoy después de que se haya producido.

La solicitud de puesta en marcha de ILP llegó a la Cámara en diciembre de 2013 y en setiembre de 2014 se hizo entrega de las 103.589 firmas que avalaban la petición de la prohibición del uso del «fracking o fractura hidráulica para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

En el tiempo que se fue gestando la ILP se conoció que el Gobierno español había ido impugnando leyes similares aprobadas en Nafarroa, Cantabria y La Rioja, que después el Tribunal Constitucional se encargaba de suspender, por lo que se convertían en normas inservibles. Madrid argumentaba que la competencia para prohibir una técnica de explotación energética de forma global corresponde al Estado.

Con esta redacción, había partidos que podían sentirse cómodos con un discurso anti-fracking que después no se correspondían con las prácticas que desarrollaban desde sus gobiernos. Por ejemplo, el PNV mantiene en Araba una posición en contra de esta técnica, mientras que el Ejecutivo de Lakua sigue adelante con sus proyectos de pozos incluso dentro del término municipal de Gasteiz. También había dirigentes del PP que firmaban manifiestos contra el fracking, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnaba incluso leyes aprobadas por autonomías, como La Rioja, que están gobernadas por su partido.

La hora de las enmiendas

La ILP, tal y como estaba redactada, corría el peligro de no aprobarse en el Parlamento, puesto que ni UPyD ni PP ni PNV la apoyaban y el PSE también la cuestionaba. O que, en caso de aprobarse, fuera impugnada y suspendida.

Las peticiones de ampliación del plazo de enmiendas, que fueron interpretadas como un intento de dilatar el proceso, tuvieron paradójicamente la virtud de permitir que apareciera una vía legal que permitía actuar contra el fracking.

El 27 de marzo el BOE publicaba un auto del Tribunal Constitucional en el que levantaba la suspensión de un artículo de una norma catalana que, modificando la ley de urbanismo, dictaba que «en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat».

Esta vía ha sido la introducida por EH Bildu y PSE en la ILP para proteger el territorio a través de la Ley del Suelo. Además, la coalición también presentó otra enmienda que utiliza la protección de los acuíferos, y un tercer filtro legal que es la exigencia de una evaluación ambiental estratégica en los planes energéticos y, en especial en la estrategia energética vasca.

El PNV, por su parte, propuso una moratoria del empleo del fracking por un periodo de cinco años. Una apuesta que ya intentó en su día el Parlamento andaluz y que provocó la inmediata reacción del Gobierno español anunciando un recurso por idénticos motivos a los del las prohibiciones.

La sorpresa se produjo al ir a votarse las enmiendas en ponencia, cuando el PP apoyó las propuestas de EH Bildu y PSE, permitiendo así la aprobación del dictamen. Esto enfadó al PNV, que luego pidió perdón por su reacción. En comisión, los jeltzales se abstuvieron. Lo que harán hoy lo decidía ayer el EBB y lo explicarán en la Cámara después de la votación.