El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener al juez José Ricardo de Prada en el tribunal que juzgó a Jorge Olaiz y el que abordará la vista oral contra Jean Claude Agerre y Xabier Larralde, dentro del proceso derivado de la redada de Segura. Lo ha decidido esta mañana, durante una reunión en la que ha abordado las recusaciones presentadas por la AVT. El lobby vinculado a víctimas de ETA exigía sacarle fuera de los juicios por haberse mostrado crítico con el papel de los peritos policiales y haber reconocido la vulneración de Derechos Humanos en el tribunal especial. Estas manifestaciones las realizó durante una intervención en un acto celebrado en Tolosa hace unos meses.

En el caso de Olaiz, la AN ha tomado la decisión por unanimidad, argumentando que la recusación fue «extemporánea», ya que el tribunal ya había deliberado antes de que se le intentase apartar. Al iruindarra se le reabrió en 2015 un sumario por un supuesto intento de atentado contra el exedil de UPN Miguel Angel Ruíz Langarica. En 2002 se le archivó la acusación, pero trece años después la aparición de un fantasmagórico testigo que declaró disfrazado durante el juicio hizo que volviese a ser encarcelado. Previamente había pasado más de una década en prisión. Actualmente se encuentra en libertad y, según trascendió durante el proceso de recusación, la sentencia absolutoria había sido ya redactada y solo faltaban las firmas de los magistrados, que se paralizaron por la recusación. Ahora ya puede darse por hecho que no será condenado. 

En el caso de Segura ha suscitado más discusión entre los magistrados. Sin embargo, al final se ha impuesto una mayoría favorable a mantener a De Prada en el tribunal por nueve a ocho. Todavía no hay fecha para la vista oral, aunque el proceso contra 35 militantes independentistas del que deriva este sumario se cerró con un acuerdo que permitió que ninguno de ellos regresase a prisión.

Las recusaciones fueron interpuestas por la AVT después de que De Prada participase en un acto en Tolosa en el que puso en cuestión el papel de los peritos policiales y admitió la práctica de la tortura. La Fiscalía se sumó a estas tesis, aunque han sido rechazadas por la mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional.