La intervención ayer de Iñigo Urkullu en un curso de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial (Madrid), en la que se refirió también a la política carcelaria, ha provocado un gran número de reacciones, principalmente después de que los medios españoles centraran su labor informativa en esta cuestión, interpretándola como una condición que el lehendakari habría expuesto como contraparte a un eventual apoyo a la investidura de Mariano Rajoy.

Urkullu habló, concretamente, de «una nueva política penitenciaria», sobre la que no profundizó, limitándose a apuntar que «la propuesta Zuzen Bidean contiene veinte medidas concretas para recomponer, tras el fin de ETA, el estado de normalidad penal y penitenciaria. Las diez primeras no requieren modificación legal, tan solo el cumplimiento de la ley».

Destacó la «transferencia de la competencia de centros penitenciarios que contempla el Estatuto o el acercamiento de las personas presas a cárceles próximas a su domicilio familiar».

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, en una entrevista en Euskadi Irratia, ha señalado que las reclamaciones expuestas por Urkullu «no son nuevas» y «no están fuera de lugar».

Erkoreka ha recordado que estas propuestas están incluidas en el Plan de Paz y Convivencia del Ejecutivo y han sido puestas «sobre la mesa» a lo largo «de toda la legislatura» incluso en las entrevistas que mantuvo Urkullu con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha negado de forma tajante que su partido trate de imponer «líneas rojas» al PP, aunque ha reconocido que el cambio en la política carcelaria forma parte de la llamada «agenda vasca» y que, si llega el momento de ser determinantes, no la esconderán en la negociación.

«Hombre, entenderán que tenemos que hablar de lo nuestro», ha remarcado Ortuzar, quien ha explicado que dentro de esa «agenda vasca» se incluye el autogobierno, medidas para la reactivación económica y medidas «para afianzar la paz y la convivencia».

Sin embargo, otros representantes políticos se han referido a las palabras de Urkullu como si de una contrapartida se trataran de cara a un eventual apoyo a Mariano Rajoy.

El presidente del PP de la CAV y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha asegurado que resulta «sorprendente que la prioridad del PNV sean los presos de ETA» y ha recalcado que en el caso del PP es el empleo y la estabilidad.

«Nuestro principal objetivo es el empleo y la estabilidad. En este sentido contamos con todos, pero hay que centrar las prioridades», ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz del PP en el Parlamento de Gasteiz, Borja Sémper, se ha mostrado «sorprendido» por el hecho de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya reclamado el fin de la dispersión porque, si bien «no es una reivindicación nueva» por su parte, le sorprende que sea una prioridad para él en estos momentos, «cuando no lo es ni para los vascos ni para el conjunto de los españoles».

Sémper sí ve posible hablar de transferir la gestión de las prisiones, cosa que está prevista en el Estatuto de Gernika.

La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha destacado que «más que el desarme, toca la desaparición de ETA» y ha abogado por una política penitenciaria flexible «como lo era la Vía Nanclares» que fue «enterrada» por el PP.

La red Sare ha considerado «acertado» que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya reclamado al Gobierno español el acercamiento de presos, pero ha apostado por pasar «de las palabras a los hechos».

Sare ha asegurado que a esta plataforma le gusta que el «tema de la vulneración de derechos humanos» entre en las agendas de algunos partidos y ha opinado que «no harían falta grandes maniobras» para lograr el acercamiento, ya que son medidas «absolutamente legales».