El diputado de Medioambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha informado de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia ha anulado la rescisión del contrato y la indemnización acordada por GHK para las empresas adjudicatarias de la incineradora por finalizar y dejar sin efecto el contrato para construir la infraestructura.

El acuerdo, suscrito en noviembre de 2013, cuando Bildu estaba al frente del Gobierno foral y tenía mayoría en el Consorcio de Residuos, contemplaba una indemnización de 8,19 millones de euros para la UTEGipuzkoa CGR, adjudicataria de la planta de Zubieta, más 3 millones por los trabajos ya realizados.

Asensio ha explicado que en la sentencia se estima el recurso interpuesto en 2014 por las Mancomunidades de Debabarrena y Sanmarko y los asambleístas Arcadio Benítez, Ricardo Garate, Ioseba Arrizabalaga, Denis Itxaso e Igor Iturain contra los acuerdos adoptados para la citada rescisión de contrato, que el juez declara «no ajustados a derecho», por lo que los anula «dejándolos sin efecto».

Según ha indicado, la argumentación jurídica de la resolución se fundamenta en «la existencia de una evidente desviación de poder y ausencia de competencia en las decisiones adoptadas, ya que la construcción de una incineradora está incluida expresamente en la norma foral 7/2008, la que elevó a rango de ley el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG).

El juez entiende que el Consorcio y GHK tenían la obligación de cumplir esta norma foral, que no ha sido modificada, pero sí «vaciada de contenido» por la actuación de estas entidades cuando gobernaba Bildu.

En el procedimiento comparecieron como demandados el Consorcio de Residuos y GHK y como interesados, entre otros, las mancomunidades de Tolosa, Uroka Erdia, Urola Kosta y Sasieta, y 13 cargos de Bildu, entre ellos el exdiputado foral de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la expresidenta de GHK Ainhoa Intxaurrandieta.

Según Asensio, el proceso supuso perder la financiación concedida por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la ejecución de esta obra y se han afrontado «otros costes derivados de ello que en total han supuesto unas pérdidas acumuladas para GHK de más de 40 millones de euros».

«No puede salir gratis»

El diputado de Medio Ambiente ha afirmado que la decisión ahora anulada «perjudicó a toda Gipuzkoa», ya que supuso «pérdidas económicas, el deterioro de nuestra credibilidad ante las instituciones europeas y la actual carencia de la más mínima infraestructura para la gestión de residuos», con las consiguientes «consecuencias medioambientales» y, además, «todo se hizo a sabiendas y anteponiendo las estrategias políticas de aquel gobierno al interés de los guipuzcoanos».

Asensio ha indicado que los servicios jurídicos de la Diputación están estudiando la sentencia para determinar sus efectos prácticos y ha anunciado que el Gobierno foral exigirá «todas las responsabilidades» a Bildu porque las consecuencias «económicas, medio ambientales» y de «falta» de infraestructuras para la gestión de residuos en Gipuzkoa «no pueden salir gratis» a los entonces gestores de la institución foral.

Ha asegurado que esta resolución no afecta a la actual adjudicación de la incineradora, ya que la posibilidad de que se anulara la rescisión del anterior contrato «ya estaba prevista».