Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que el Parlamento tiene que dar la autorización para que se pueda iniciar el proceso formal de ‘Brexit’, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio.

El Gobierno de Theresa May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y respaldado entre otros por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.

En su fallo, el Supremo ha considerado que la llamada ‘prerrogativa real’, los poderes ejecutivos del Gobierno, no es suficiente para privar a los ciudadanos de los derechos obtenidos a través de leyes aprobadas por el Parlamento en virtud de la entrada del país en la UE.

«El referéndum es de gran significado político, pero el Acta del Parlamento que lo estableció no decía qué debía ocurrir como resultado», ha explicado en presidente del Supremo, David Neuberger, durante la lectura del fallo.

«Así que cualquier cambio en la ley para dar efecto al referéndum debe hacerse de la única manera permitida por la Constitución, es decir, por un Acta del Parlamento», ha añadido.

Escocia, Gales y norte de Irlanda

Asimismo, los magistrados han determinado que el Gobierno no tiene que esperar a obtener consentimiento de las asambleas de Escocia, norte de Irlanda y Gales antes de iniciar el procedimiento formal de negociación con la UE para la salida del bloque.

«Las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido», ha señalado, en este sentido, Neuberger.

El fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno está «decepcionado» por el fallo pero lo acatará y hará «lo que sea necesario» para ponerlo en práctica, según informa la BBC.

El Gobierno mantiene sus planes

El Ejecutivo de Theresa May ha insistido en que invocará el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.

En un comunicado, un portavoz del Gobierno ha señalado que el Ejecutivo de May «respeta» la decisión de la corte y ha anunciado que en breve expondrá ante la Cámara de los Comunes los pasos a seguir.

«El pueblo británico votó por salir de la UE, y el Gobierno cumplirá con este veredicto, activando el artículo 50, como estaba planeado, para finales de marzo. El dictamen de hoy no cambia nada», ha señalado la fuente.

Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha señalado que su formación no obstaculizará el inicio del proceso de negociación. «Los laboristas respetan el resultado del referéndum y la voluntad de los británicos y no frustraremos el proceso de invocar el Artículo 50», ha afirmado.

No obstante, ha aclarado que su partido tratará de enmendar la ley para la activación del Artículo 50 «para evitar que los conservadores usen el ‘Brexit’ para convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal barato frente a la costa de Europa».

Además, ha añadido el líder de la oposición, su partido reclama «un plan del Gobierno para garantizar que rinde cuentas ante el Parlamento durante las negociaciones y una votación significativa para garantizar que el acuerdo final recibe aprobación parlamentaria».

Por su parte, el líder de los liberaldemócratas, Tim Farron, ha sostenido que de lo que trataba el litigio judicial era de «dar voz a los ciudadanos sobre lo que viene después» tras el referéndum.

En este sentido, ha señalado que su partido «demanda una votación de los ciudadanos sobre el acuerdo final y sin el cual no votaremos a favor del Artículo 50».